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Daniel Guerrero | El test andaluz

Andalucía afronta el próximo domingo unas elecciones autonómicas que representan un test a la política nacional después de un período caracterizado por la exacerbación de los conflictos territoriales y la confrontación ideológica (aquel “no es no”), escenarios en los que han participado las nuevas formaciones que decían aborrecer los viejos métodos del denostado bipartidismo y querer limpiar los lastres de una democracia supuestamente cautiva por lo que denominaban la “casta”, el establishment surgido de la Transición.



Adelantadas escasos tres meses de su mandato cuatrienal, las elecciones andaluzas han sido forzadas por la ruptura del acuerdo de investidura, alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –eterno ganador en Andalucía– y Ciudadanos (Cs) –la nueva formación conservadora de España–, que posibilitó al PSOE, pilotado por Susana Díaz, formar el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Es evidente que estas elecciones han sido decididas cuando convenían a los dos partidos que, durante toda la Legislatura, han dado estabilidad al Gobierno andaluz, aunque de cara a la galería quieran ahora exteriorizar diferencias teatrales por supuestos incumplimientos en el programa pactado.

La realidad es que gran parte del pacto, un porcentaje superior al 80 por ciento de aquellas 70 medidas que figuraban en el mismo, se ha materializado en iniciativas legislativas de gran calado, como elevar el importe exento, hasta el millón de euros, del Impuesto de Sucesiones, entre otras.

Pero próximas, en todo caso, las citas electorales previstas para 2019 (autonómicas, municipales, europeas y, probablemente, generales), ambos partidos han considerado oportuno diferenciarse de cara al electorado e identificar sus respectivas propuestas, sin correr el riesgo de que se confundan por su íntima colaboración gubernamental, siempre monopolizada a favor del partido que gobierna.

Tanto PSOE como Ciudadanos, en Andalucía, comparten interés en aprovechar una coyuntura nacional que creen propicia para sus objetivos, puesto que estiman favorable el acceso al Gobierno central del Partido Socialista y la preponderancia que ello ofrece de dictar la agenda política del país, y la debilidad y el rechazo que muestra el Partido Popular, tras ser derrotado por una moción de censura, que instala en Ciudadanos el convencimiento de poder captar el voto conservador desilusionado con los populares.

Era, por tanto, el momento idóneo en ambos partidos para convocar a urnas en Andalucía: uno, para retener el timón de la Junta de Andalucía; y otro, para convertirse en la segunda fuerza política de la región, dando sorpasso al PP y acariciando la posibilidad de liderar una coalición conservadora que pueda, incluso, propiciar el relevo de los socialistas, tras casi cuarenta años, en los gobiernos de Andalucía durante todo el período democrático.

Y ambos objetivos, que ofrecen una lectura nacional, tienen una enorme trascendencia de cara a las próximas citas electorales, ya que de los resultados de estos comicios se podrán conocer, no solo las preferencias y expectativas de los andaluces, sino también las tendencias políticas determinantes en el futuro inmediato del país. Representan, en tal sentido, un test “in vivo” de la realidad política nacional.

Para el Partido Socialista en primer lugar. Tanto Pedro Sánchez (secretario general del PSOE federal y presidente del Gobierno de la Nación) como Susana Díaz (secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía) encarnan actitudes y enfoques divergentes en la formación en la que ambos militan.

De hecho, fueron contrincantes en las primarias para la elección del líder de la formación, que finalmente consiguió el primero. Los dos se repelen, pero se necesitan. Con Sánchez en La Moncloa y sus políticas de recuperación de derechos sociales y las medidas de alivio contra la severa austeridad impulsadas por su Gobierno, en Andalucía pueden presumir de rescatar inversiones públicas, darle la vuelta a los recortes en Sanidad, Educación y Dependencia, y favorecer la creación de empleo con estímulos fiscales y legales.

Los dos PSOE y sus dos almas (la pragmática y la utópica) convergen en una ambición común: gobernar. Y al ser Andalucía la comunidad autónoma más grande de España por número de habitantes, el granero andaluz, por votos y diputados que sienta en las Cortes, se convierte en indispensable para cualquier expectativa de gobierno en España.

Y ello ha sido así desde aquellas primeras elecciones autonómicas, de mayo de 1982, en las que el PSOE ganó 66 escaños en el Parlamento andaluz (mayoría absoluta), posibilitando, sin duda alguna, el triunfo histórico del primer Gobierno socialista de la democracia, en octubre de ese mismo año. Por ello, Pedro no puede dejar caer a Susana y ésta recurre a él como garantía del compromiso del Gobierno con Andalucía. Esta es una de las claves del test de las elecciones andaluzas.

Sin embargo, aunque el PSOE andaluz gane las elecciones, no lo hará en cuantía suficiente para gobernar en solitario. Incluso se estima que Susana Díaz, aun siendo la candidata más votada, no podrá impedir ser la que peores resultados obtenga de todos los que la precedieron en el cargo, según las encuestas.

Conseguirá una victoria complicada, con todos los demás partidos en contra, deseando desalojarla de la Junta. Toda la campaña de su exsocio de gobierno, Ciudadanos, ha girado en torno a poder relevar a los socialistas del Ejecutivo andaluz, contando con el apoyo del Partido Popular (que será el gran derrotado), si la aritmética parlamentaria se lo permite.

Y la formación “afín” (es un decir) en el espectro de la izquierda, Podemos (en Andalucía, Adelante Andalucía, en coalición con los comunistas de Izquierda Unida), nunca ha sido un interlocutor “amistoso” dispuesto a entenderse con los socialistas andaluces, aunque sí lo haga en Madrid, apoyando a Pedro Sánchez.

No se sabe si, llegada la tesitura, preferiría un Gobierno de la derecha en vez de izquierdas. Antecedentes de “pinza” entre comunistas y conservadores para obstaculizar un Gobierno socialista se han dado, pero con consecuencias desastrosas para la pata izquierda de la pinza, y ventajosas para la pata derecha.

A pesar de todo, Andalucía ha contado con gobiernos de coalición, formados por PSOE y PA (ocho años) y PSOE e IU (tres años). Todas las alternativas que se abren tras los resultados de las elecciones andaluzas forman parte del test en clave nacional.

En cuanto a la derecha, la extrapolación de los resultados servirá también para medir, por un lado, el deterioro real del Partido Popular, y, por otro, la cuantificación del crecimiento de Ciudadanos. Ambos partidos luchan encarnizadamente en la región por ganarse la confianza del electorado conservador, imprescindible no solo para obtener posibilidades de gobernar en Andalucía –lo que obliga a tener implantación también en el área rural del interior–, sino para ganar músculo con vistas al ring estatal, donde la cuestión catalana y la tirria hacia Pedro Sánchez dominan el debate.

Tal es la razón por la que los líderes nacionales de los dos partidos conservadores acompañen continuamente a sus candidatos en la campaña andaluza. Pablo Casado, presidente del PP tras la dimisión de Rajoy, se juega su liderazgo en Andalucía, donde pone a prueba el giro ultranacionalista y radical que ha implementado en su formación, con intención de atraer los votos fugados a Ciudadanos y disputar el espacio que le roba Vox, un grupo de extrema derecha que aprovecha los vientos del nacionalismo xenófobo que soplan en Europa, Estados Unidos y Brasil, por citar algunos lugares.

Por su parte, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, consciente de que su partido experimenta un auge gracias a los votantes descontentos del PP y, en menor medida, de los socialistas, pretende catapultarlo como la segunda fuerza en Andalucía y convertirlo en líder de la oposición en el Parlamento andaluz, arrebatándole ese puesto y “privilegio” al PP.

Parece que, con mucha probabilidad, Ciudadanos será el único partido que consiga un incremento manifiesto, en votos y diputados, con respecto a las elecciones de 2015. Y tantas resultan sus expectativas de crecimiento que no descartan la posibilidad de gobernar en Andalucía si la bancada parlamentaria de la derecha logra superar la de la izquierda.

Ya son primera fuerza en Cataluña, aunque continúan en la oposición, borrando casi totalmente la representación del PP de aquella comunidad. En Andalucía, donde el PP se hunde pero no desaparece, podría producirse una situación de bloqueo que impediría la investidura de Susana Díaz y obligaría repetir las elecciones, si no logra más síes que noes. Y la voluntad de Cs es intentarlo como sea, coincidiendo con los objetivos del PP.

Si lo consigue, podría alargarse la convocatoria de nuevas elecciones hasta los primeros meses del año próximo, cuando se sospecha que se celebrarían elecciones generales a las que estaría abocado el Gobierno de Pedro Sánchez al no poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Todos los líderes andaluces, aparte de la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma, tienen en cuenta este horizonte y barajan sus posibilidades en función del mismo.

Lo que suceda en Andalucía va influir, en mucha medida, en el futuro inmediato de España. De ahí que estas elecciones constituyan un auténtico test para la política nacional. Lo que creo desafortunado porque nos distrae de los verdaderos problemas que preocupan a los andaluces y que deberían ser el centro primordial del debate, como son el paro; la falta de oportunidades; la delgadez de un sector industrial potente; las limitaciones de una economía basada solo en la agricultura y los servicios; el abandono escolar y el oscuro futuro de los universitarios recién graduados; la inmigración y emigración que llega y sale de la región; las drogas y la delincuencia que atrapan a nuestros jóvenes; la violencia machista y la desigualdad social; o la cohesión territorial y la corrupción que anida en la política y las instituciones. ¿Servirán estas elecciones para intentar resolver algunos de estos asuntos?

DANIEL GUERRERO