La Diputación de Córdoba ha movilizado un total de 1.841.347 euros para impulsar el Plan de Trabajo de Retirada de Amianto en edificios municipales de la provincia, una iniciativa que se ha desarrollado en dos fases y cuya ejecución se extiende hasta este año 2026.
De ese importe global, 315.144 euros se destinaron a la fase inicial desarrollada entre 2024 y 2025 para la elaboración de un censo de instalaciones susceptibles de contener este material, mientras que la segunda fase contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros para la ejecución de los proyectos.
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, explicó que con este plan se ha dado cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, mediante la concesión de subvenciones destinadas a la retirada de amianto en edificios municipales, atendiendo a las prioridades establecidas por cada ayuntamiento. Según señaló, el objetivo principal fue facilitar a las entidades locales los recursos necesarios para abordar una obligación legal que recaía directamente sobre ellas.
Fuentes detalló que la primera etapa del plan se centró en cumplir las directrices técnicas para la retirada del amianto, estructuradas en cinco fases: exploración o cribado, inspección, valoración del riesgo asociado a cada material con amianto, elaboración del informe de identificación y valoración del riesgo, y confección del censo definitivo.
Para la ejecución de esta fase inicial, la Diputación realizó una aportación de 315.144 euros, destinada a atender 75 solicitudes presentadas por ayuntamientos de la provincia, con una media de 4.258 euros por municipio, lo que supuso aproximadamente el 80 por ciento del coste total de elaboración de los censos.
Una vez completado el censo, el máximo responsable de la institución provincial manifestó que se puso en marcha una segunda fase, iniciada en 2025 y culminada en este 2026, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Esta partida se ha destinado a sufragar la redacción de proyectos y la dirección de obra de demolición y reposición, así como el importe de las actuaciones necesarias para la retirada de elementos de fibrocemento y su posterior sustitución por soluciones constructivas acordes con la normativa vigente en materia de gestión de residuos y analíticas ambientales.
En este contexto, Fuentes afirmó que, aunque la legislación establece que los emplazamientos públicos con mayor riesgo deben estar gestionados antes de 2028, la Diputación de Córdoba se marcó como objetivo adelantar este plazo y alcanzar dicho hito en 2026, dos años antes de la obligación legal.
Asimismo, indicó que en el marco de esta segunda fase se tramitaron 49 expedientes de ayuda presentados por ayuntamientos, de los cuales 43 quedaron aprobados y abonados, mientras que dos fueron desistidos, dos denegados, uno duplicado y uno permaneció a la espera de informe.
Finalmente, el presidente de la institución provincial recordó que este plan se impulsó para reforzar la actuación de los ayuntamientos, responsables legales de la retirada del amianto, mediante una aportación económica que alcanzó hasta el 50 por ciento de la inversión planteada por cada municipio, con un máximo de 40.000 euros por proyecto.
En conjunto, la contribución de la Diputación ascendió a 876.227 euros, mientras que la aportación municipal fue de 965.120 euros, lo que permitió movilizar un total de 1.841.347 euros para la retirada de este material catalogado como perjudicial para la salud en edificios municipales de la provincia.
De ese importe global, 315.144 euros se destinaron a la fase inicial desarrollada entre 2024 y 2025 para la elaboración de un censo de instalaciones susceptibles de contener este material, mientras que la segunda fase contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros para la ejecución de los proyectos.
El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, explicó que con este plan se ha dado cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, mediante la concesión de subvenciones destinadas a la retirada de amianto en edificios municipales, atendiendo a las prioridades establecidas por cada ayuntamiento. Según señaló, el objetivo principal fue facilitar a las entidades locales los recursos necesarios para abordar una obligación legal que recaía directamente sobre ellas.
Fuentes detalló que la primera etapa del plan se centró en cumplir las directrices técnicas para la retirada del amianto, estructuradas en cinco fases: exploración o cribado, inspección, valoración del riesgo asociado a cada material con amianto, elaboración del informe de identificación y valoración del riesgo, y confección del censo definitivo.
Para la ejecución de esta fase inicial, la Diputación realizó una aportación de 315.144 euros, destinada a atender 75 solicitudes presentadas por ayuntamientos de la provincia, con una media de 4.258 euros por municipio, lo que supuso aproximadamente el 80 por ciento del coste total de elaboración de los censos.
Una vez completado el censo, el máximo responsable de la institución provincial manifestó que se puso en marcha una segunda fase, iniciada en 2025 y culminada en este 2026, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Esta partida se ha destinado a sufragar la redacción de proyectos y la dirección de obra de demolición y reposición, así como el importe de las actuaciones necesarias para la retirada de elementos de fibrocemento y su posterior sustitución por soluciones constructivas acordes con la normativa vigente en materia de gestión de residuos y analíticas ambientales.
En este contexto, Fuentes afirmó que, aunque la legislación establece que los emplazamientos públicos con mayor riesgo deben estar gestionados antes de 2028, la Diputación de Córdoba se marcó como objetivo adelantar este plazo y alcanzar dicho hito en 2026, dos años antes de la obligación legal.
Asimismo, indicó que en el marco de esta segunda fase se tramitaron 49 expedientes de ayuda presentados por ayuntamientos, de los cuales 43 quedaron aprobados y abonados, mientras que dos fueron desistidos, dos denegados, uno duplicado y uno permaneció a la espera de informe.
Finalmente, el presidente de la institución provincial recordó que este plan se impulsó para reforzar la actuación de los ayuntamientos, responsables legales de la retirada del amianto, mediante una aportación económica que alcanzó hasta el 50 por ciento de la inversión planteada por cada municipio, con un máximo de 40.000 euros por proyecto.
En conjunto, la contribución de la Diputación ascendió a 876.227 euros, mientras que la aportación municipal fue de 965.120 euros, lo que permitió movilizar un total de 1.841.347 euros para la retirada de este material catalogado como perjudicial para la salud en edificios municipales de la provincia.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM / DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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