Es curioso que apenas se haya dado difusión a una noticia tan notable como el acuerdo para el protocolo del proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento, en el Cementerio Municipal de San Fernando. Los expertos consideran que puede albergar a más de 2.500 víctimas de la Guerra Civil. Lo celebramos.
Una queja común y acertada es que el Gobierno ha sido capaz de sacar a un dictador y a varios generales “golpistas” de sus tumbas, mientras que aún quedan muchas víctimas enterradas. Es la única deuda importante que a nuestra sociedad le queda con ese infame período histórico. Por supuesto, como siempre, el problema no es ideológico, sino económico.
El artículo 16 de la ley de Memoria Democrática de 2022 establece que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura corresponde a la Administración General del Estado, “sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad”.
De hecho, en el mismo artículo se indica que las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra o la represión política posterior, “podrán contar con la colaboración de las administraciones públicas”.
Esta realidad normativa implica que, para el acuerdo de la fosa Monumento, hayan tenido que intervenir el Estado, la Junta, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense. Cada uno se ha tenido que comprometer a costear el 25 por ciento de los gastos generados por la exhumación.
De hecho, como ha señalado Juan Morillo, miembro de la asociación memorialista Unidad Cívica por la República, la realidad es que ahora mismo no hay dotación presupuestaria por parte de algunas de las instituciones firmantes.
Si todo va bien, en seis años viviremos el centenario de la II República. En once, tocará recordar los horrores de un conflicto que nadie parece querer dejar atrás. ¿Cuántas víctimas seguirán desaparecidas o sin una sepultura digna cuando llegue ese momento?
Tanto que a algunos les gusta celebrar la muerte del dictador, ojalá les dé por tomarse en serio las reivindicaciones memorialistas, y que para el 18 de julio de 2036 ya se haya saldado esta infame deuda tanto con las víctimas como con nosotros mismos como sociedad.
Haereticus dixit
Una queja común y acertada es que el Gobierno ha sido capaz de sacar a un dictador y a varios generales “golpistas” de sus tumbas, mientras que aún quedan muchas víctimas enterradas. Es la única deuda importante que a nuestra sociedad le queda con ese infame período histórico. Por supuesto, como siempre, el problema no es ideológico, sino económico.
El artículo 16 de la ley de Memoria Democrática de 2022 establece que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura corresponde a la Administración General del Estado, “sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad”.
De hecho, en el mismo artículo se indica que las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra o la represión política posterior, “podrán contar con la colaboración de las administraciones públicas”.
Esta realidad normativa implica que, para el acuerdo de la fosa Monumento, hayan tenido que intervenir el Estado, la Junta, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense. Cada uno se ha tenido que comprometer a costear el 25 por ciento de los gastos generados por la exhumación.
De hecho, como ha señalado Juan Morillo, miembro de la asociación memorialista Unidad Cívica por la República, la realidad es que ahora mismo no hay dotación presupuestaria por parte de algunas de las instituciones firmantes.
Si todo va bien, en seis años viviremos el centenario de la II República. En once, tocará recordar los horrores de un conflicto que nadie parece querer dejar atrás. ¿Cuántas víctimas seguirán desaparecidas o sin una sepultura digna cuando llegue ese momento?
Tanto que a algunos les gusta celebrar la muerte del dictador, ojalá les dé por tomarse en serio las reivindicaciones memorialistas, y que para el 18 de julio de 2036 ya se haya saldado esta infame deuda tanto con las víctimas como con nosotros mismos como sociedad.
Haereticus dixit
RAFAEL SOTO ESCOBAR
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: JUAN PABLO BELLIDO (ARCHIVO)
