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  • 21.9.20
Todos los países de América Latina tienen que afrontar una disyuntiva estratégica en su relación con el todopoderoso vecino del norte, independientemente del tamaño, capacidad económica o ideología política de cada uno de ellos.



Ante la inalterable voluntad de Estados Unidos (EEUU) por mantener, cuando no reforzar, su hegemonía en el continente, los países latinos de América no tienen más remedio que apostar por alguna de estas dos posturas: o se alinean con los intereses de la Gran Potencia, sean cuales sean estos en cada coyuntura histórica, o se resisten a su afán imperialista y adoptan un camino propio, más o menos independiente, en defensa de sus particulares intereses nacionales, regionales e internacionales, lo que no evitaría seguir sometidos a la vigilancia, control y presiones del Gobierno norteamericano. No es fácil tomar ninguna decisión de esta alternativa.

Y no es fácil porque la interrelación y dependencia de estas naciones latinoamericanas, en los planos económico, político, comercial, militar e incluso social (migraciones), con EEUU es enorme y difícilmente esquivable, aún menos sustituible. Incluso, la viabilidad como Estado en alguno de ellos ha sido posible, no sólo al empeño de su población por constituirse en entidad soberana, sino a la aquiescencia o interés –o desinterés– de EEUU en favorecerlo.

Ejemplos pueden ser Puerto Rico y Panamá, modelos distintos de naciones surgidas con el patrocinio yanqui, al “apoyar”, en un caso, su independencia de la España descubridora (y alcanzar algo intermedio entre colonia y plena soberanía: el Estado Libre Asociado) o, en otro caso, “proteger” su construcción nacional (Tratado Mallarino-Bidlack), a cambio de obtener la cesión, administración y defensa del istmo estratégico que une los océanos Atlántico y Pacífico, mediante un canal construido y controlado militarmente –en “garantía de su neutralidad”– por United States of America (USA), naturalmente.

En todos los casos, se trata de relaciones asimétricas y desequilibradas entre una superpotencia y una serie de naciones apenas relevantes que sólo aspiran a no ser engullidas y utilizadas como marionetas por el poderoso coloso del Norte.

Un temor latinoamericano y una tentación norteamericana que quedaron expresamente de manifiesto cuando el presidente James Monroe declaró, en 1823, que el continente quedaba fuera del ámbito colonizador de Europa. Es decir, que consideraba a toda América (de norte a sur) solar de exclusiva incumbencia norteamericana, enunciando aquello de “América para los americanos”. Y lo ha demostrado.

Desde entonces, EEUU se ha portado con sus vecinos continentales según convenía a sus intereses, dispuesta siempre a intervenir o invadir cualquier país, injerirse en sus asuntos internos (fundamentalmente económicos) o asir los hilos desde la distancia de cuantas guerras, revoluciones, dictaduras y democracias han germinado en esa región del mundo.

El “ojo vigilante” de USA siempre está al acecho detrás de la nuca de los países latinoamericanos. Y sus “marines”, la CIA o las grandes corporaciones transnacionales han sido los instrumentos habituales con los que EEUU ha determinado el destino de cada uno de ellos.

Es prolijo, al respecto, el número de invasiones militares (México, Cuba, Haití, Nicaragua, Panamá, Honduras, isla de Grenada, etc.), golpes de estado (Guatemala, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Brasil, Venezuela, Perú, República Dominicana, etc.) o expolios comerciales (United Fruit Company, Texaco, Chase Manhattan Bank, ITT, etc.) que evidencian la inalterable voluntad hegemonista y hasta imperialista de EEUU en el continente americano.

Viene esto a cuento porque, en la actualidad, tales relaciones desequilibradas siguen practicándose, siempre a favor del vecino del Norte. A pesar del anuncio de Barack Obama de no intervenir en los asuntos de América Latina, expresado en la Cumbre de las Américas de 2015, su sucesor en el cargo retoma las amenazas, las presiones y las injerencias en los asuntos latinoamericanos.

Y no me refiero ni a Cuba ni a Venezuela, verdaderos “granos” heréticos en el zapato USA, sino al asalto yanqui del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya presidencia, puesto reservado tradicionalmente durante 60 años a un latinoamericano, acaba de conquistar el candidato seleccionado por Donald Trump, recurriendo a los “apoyos” de sus aliados en la región.

No se trata de un hecho baladí ni de una jugada intrascendente. El BID es el principal recurso de financiación para los países de la zona y quien lo dirige establece la orientación de sus inversiones crediticias, fundamentales para el desarrollo regional.

Que, otra vez, consiga EEUU, saltándose normas y equilibrios históricos de la institución, doblegar a su antojo el funcionamiento de tan relevante instrumento financiero regional, es una muestra de su intromisión en los asuntos económicos del área latinoamericana.

Es preocupante el interés y la voluntad mostrados por EEUU en controlar un órgano que debe estar enfocado a la atención de las necesidades de inversión y desarrollo de unos países en los que la pobreza y la carencia de infraestructuras lastran su economía.

Y, lo que es peor, genera todo tipo de sospechas el hombre de confianza impuesto por Trump, casi en los últimos minutos de su mandato –si no resulta reelegido–, debido a las múltiples pruebas que ha exhibido su Administración en utilizar las instituciones como un arma política, cuando no de socavarlas, desnaturalizarlas o asfixiarlas financieramente (UNESCO, OMC, Pacto el Clima, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, OMS, etc.), para la confrontación mundial y la defensa a ultranza de los exclusivos intereses de EEUU y su política proteccionista, aislacionista y unilateralista. Y ello será posible gracias a los votos de una América Latina dividida y desarticulada que no es capaz de mantener un proyecto propio ni una visión conjunta como ente regional no supeditado a los dictados de EEUU.

Es cierto que un número significativo de países latinoamericanos es vulnerable y dependiente de la política comercial y económica de EEUU, puesto que a su mercado dirigen el grueso de sus exportaciones. Pero olvidan o abandonan el propio comercio interregional, al que dedican escasamente el 15 por ciento de sus productos.

Ahí radica la fortaleza intervencionista de EEUU. Una fortaleza que también se basa en la debilidad “atomizada” de unos “socios” que no logran articular una mayor integración y convergencia regional que les permita enfrentarse unidos, de “igual a igual”, con el poderoso vecino del Norte.

Es triste, por tanto, que esta oportunidad de reforzar una posición conjunta haya sido desaprovechada, una vez más, al acatar y facilitar la voluntad norteamericana de controlar también el BID. Es sumamente triste porque, aparte de las imposiciones comerciales, económicas, ideológicas, defensivas, sociales y culturales que ya sufre, ahora Hispanoamérica soportará, además, la intromisión USA en la administración de la entidad sobre la que pivota el desarrollo, el crecimiento y el progreso de toda la América hispana en su conjunto. Y todo por culpa de esa incomprensible e inalterable desunión latinoamericana. Y así les va.

DANIEL GUERRERO
  • 14.9.20
Ante los últimos acontecimientos de índole racista que están produciéndose en los Estados Unidos de América (EEUU), y que brotan como guindas que extienden su virulencia a gran parte del país, no puede uno dejar de preguntarse qué es lo que hace resurgir un fenómeno que parecía estar superado en aquella sociedad desde hacía tiempo.



No es necesario recordar que se trata del mismo país que hace apenas cuatro años estaba gobernado por el primer presidente afroamericano de su historia y que a punto estuvo de elegir a la que hubiera sido, también por primera vez, la única mandataria femenina en ocupar la Casa Blanca.

En una sociedad tan plural, diversa y moderna como la estadounidense, que no parecía tener prejuicios raciales o sexuales a la hora de elegir a sus gobernantes, ofreciendo una lección al mundo de igualdad social y política, causa relativa sorpresa que ahora emerjan actitudes tan deplorables de racismo, xenofobia, sectarismo e intolerancia, que son, en el fondo, las mechas que encienden esas protestas, la violencia policial, los disturbios y las manifestaciones multitudinarias que actualmente se extienden por toda la geografía estadounidense. Y que hacen que, por su intensidad y extensión, constituyan la reacción racial más grave de la historia de EEUU, como la califica el experto en movimientos sociales Neal Caren, profesor de Sociología de la Universidad de Carolina del Norte.

¿Cómo se explica esto? En primer lugar, no hay que olvidar que, desde su fundación, ha existido racismo en EEUU. Se trata de una sociedad construida por sucesivas oleadas de inmigrantes que, para su arraigo y prosperidad, siempre han procurado imponer sus valores e intereses sobre los demás. Tanto es así que, al poco de establecerse el primer asentamiento de ingleses en Norteamérica, ya se descubren documentos que evidencian la existencia de esclavitud negra en la construcción de la nueva nación.

Y durante la conquista, hacia el oeste, de aquel amplio territorio, esos primeros colonos no dudaron en arrebatar terrenos y expulsar a sus nativos, eliminándolos o confinándolos en reservas, en lo que se asemeja a un auténtico genocidio de los indios nativos norteamericanos.

Que lo que queda de la cultura y rituales de esas comunidades nativas sea la versión edulcorada que los blancos ofrecen como espectáculo al mundo, con John Wayne como un icono del supremacismo blanco, es la evidencia palpable del exterminio de un pueblo y su aniquilación cultural por motivos raciales. La única identificación del ciudadano actual con los nativos norteamericanos es la industria cinematográfica del Far West. Un cliché.

Y, en segundo lugar, en la expansión de la colonización de EEUU, los terratenientes anglosajones necesitaron de la esclavitud para laborar y explotar aquellas tierras, ya libres de nativos. Desde un primer momento, comenzaron a traer y comprar prisioneros africanos para esclavizarlos y someterlos a trabajos pesados. La explicación es sencilla: la esclavitud les resultaba más rentable y “productiva” que contratar a trabajadores blancos.

A partir de entonces, la “marginación” de los nativos americanos, la esclavitud de los africanos y sus descendientes y la segregación racial de los negros siempre han estado presente, de manera más o menos latente, en la sociedad de EEUU.

Y, a pesar de los esfuerzos que ha llevado a cabo para combatir este racismo, como la abolición de la esclavitud (Lincoln, 1865) y la derogación de la segregación racial (Ley de Derechos Civiles, 1964), lo cierto es que perduran en EEUU ramalazos racistas entre la mayoritaria blanca protestante, que aún desconfía del crecimiento e influencia de las minorías étnicas de su población.

Como afirma el escritor Colson Whitehead, ganador de los premios National Book Award y Pulitzer, “ha habido supremacistas blancos, racistas y corruptos en la historia estadounidense durante 400 años. Lo que sucede es que ahora uno ha sido elegido presidente…”.

Es incuestionable que el “comburente” del incendio racista de la actualidad en EEUU lo proporciona en cantidades ingentes un presidente que no es reacio a utilizar la xenofobia y el racismo por intereses electorales, exacerbando a la supremacía blanca, “comprendiendo” la violencia policial, amparando la posesión y el uso de armas de fuego y discriminando a las minorías negras, hispanas o musulmanas, entre otras, a las que criminaliza de todos los males que padece la sociedad norteamericana. Un presidente así no está exento de responsabilidad por el resurgir del fenómeno de racismo que parece estructural de la sociedad norteamericana, incapaz de erradicarlo definitivamente.

Al agitar ese racismo larvado cada vez que cree le favorece, como, de hecho, hace cuando propaga la duda sobre la nacionalidad de Barack Obama, anteriormente, y de Kamala Harris, hace poco, por el color de su piel y no por el lugar de nacimiento, y cuando no cuestiona, alineándose con los que deshonran el uniforme, los casos de violencia policial contra la población negra que se multiplican por toda la nación, no puede resultar extraño que los manifestantes y los movimientos sociales de derechos civiles personalicen en Donald Trump su ira y descontento.

Hasta uno de cada diez estadounidenses han participado en alguna de esas manifestaciones. Se trata, bajo el lema Black Lives Matter (las vidas negras importan), del movimiento de protestas sociales más relevante desde los tiempos de Martin Luther King, que por desgracia coincide con los meses decisivos de la campaña electoral en la que Trump busca su reelección.

Desde que resultó elegido, el presidente no ha dejado de sembrar la cizaña del odio racial, “comprendiendo”, en unos casos, las agresiones racistas de Charlottesville, o siendo “equidistante” en todos los actos de violencia policial contra los afroamericanos acaecidos durante su mandato, como el que generó las actuales protestas por la muerte por asfixia del ciudadano George Floyd. No sería la última víctima ni la primera.

Antes y después se han producido otros episodios de abusos policiales, como el de Ahmaud Arbery, disparado por un expolicía, Breonna Taylor, muerta en el asalto de su casa por la policía, y Jacob Blake, tiroteado por la espalda al ser arrestado, entre otros.

La gravedad de este racismo sistémico contra los negros en EEUU es evidente con un dato: el 24 por ciento de los muertos a manos de la policía son personas afroamericanas, a pesar de que su población no representa más del 13 por ciento del total. Es decir, un ciudadano negro tiene más del doble de posibilidades de morir en un enfrentamiento con la policía que uno blanco, según datos de la oenegé Mapping Police Violence. Trump lo sabe y no le importa utilizarlo a su favor.

La realidad es que Donald Trump es el representante de los supremacistas blancos y de los poderes económicos de las industrias de armas, las farmacéuticas y las petroquímicas del país. También lo es de los nostálgicos del Ku Klux Klan, de los populistas del ultranacionalismo que aspiran a un aislacionismo endogámico en la economía y el comercio, y de todos los reaccionarios del ultraliberalismo que desprecian el multiculturalismo y la multilateralidad en las relaciones internacionales.

Con semejante mentalidad racista, negacionista, misógina, ultraconservadora y neofascista con que Trump ha “desbaratado” el orden mundial, ha emprendido “guerras” comerciales, ha “deshecho” consensos internacionales, ha “torpedeado” organismos mundiales y ha “polarizado” la sociedad norteamericana, exacerbando el odio y el sectarismo racial, no resulta descabellado que medio país se levante para protestar contra un resurgir del racismo y la violencia que achacan a su particular gestión como presidente.

Aunque condicionado por ella, la historia no lo explica todo. Mucho de lo que pasa en la actualidad, en un país que favoreció las libertades, los derechos civiles, la democracia, el libre comercio, la igualdad de oportunidades, los organismos de regulación y control internacional, y la globalización, entre otros avances, es debido a la mediocridad e ignorancia de dirigentes contemporáneos y a la irresponsabilidad de sus decisiones. A populistas sin escrúpulos que no dudan en mentir y revivir fantasmas de la discordia con tal ganar un puñado de votos.

Gente que, en vez de hacer pedagogía de valores cívicos que unan a los ciudadanos en una convivencia pacífica, superando lacras históricas, se dedican a profundizar la división y el enfrentamiento entre ellos. Y a falsear a su conveniencia la realidad y sus retos. A valerse de la “posverdad” (mentira emotiva) para conseguir fines que sólo buscan la propaganda mediática en vez de la solución de los problemas. Y a plantear falsas disyuntivas, como cuando se contrapone seguridad frente a libertades para tratar el fenómeno de la migración, o ley y orden frente a anarquía para describir unas manifestaciones públicas que en más del 93 por ciento son pacíficas.

El racismo y la intolerancia social que convulsionan EEUU hoy en día son fruto de la demagogia y la manipulación malintencionada de gobernantes del presente y no, exclusivamente, de herencias del pasado. Pero serán los propios norteamericanos los que paguen, como se está viendo, las consecuencias incendiarias de quienes avivan las llamas del odio y el racismo en su país. Aunque el resto del mundo también salga chamuscado.

DANIEL GUERRERO
  • 7.9.20
Casi de manera simultánea, dos recientes noticias han puesto de relieve las distintas velocidades con las que actúa la Justicia. Una, el inicio en París del juicio a los acusados de haber colaborado en los atentados contra la revista satírica Charlie Hebdo, contra la policía y contra el supermercado judío Hyper Cacher; y otra, la sentencia de una magistrada de La Coruña, que ha declarado nula la compraventa del Pazo de Meirás, un fraude para poder escriturar a su nombre aquel inmueble, con el que el dictador Francisco Franco se “apoderó” de la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán. La sentencia falla que el palacio es propiedad del Estado.



Son dos asuntos que evidencian las distintas velocidades con las que se mueve la Justicia: la primera se produce a los cinco años de los hechos terroristas; la segunda, ochenta y dos años después de una apropiación caprichosa. En cualquier caso, y a velocidades distintas, la acción de la justicia logra hacer prevalecer la ley en actuaciones penales o que intentan burlar la legalidad.

Devolver la propiedad al Estado, como falla en su sentencia la magistrada de la Audiencia Provincial de La Coruña, declarando nula la supuesta “donación” que en 1938 hizo el pueblo gallego al general victorioso de la sublevación que provocó una Guerra Civil en España, es restituir la verdad y la justicia sobre un acto de apropiación indebida, movido por mero lucro personal, de un inmueble considerado histórico.

Sin entrar a valorar la supuesta “voluntariedad” por la que se obligó a los gallegos, “desde el más potentado al más humilde”, a participar en una amañada “suscripción pública”, promovida por las autoridades del emergente régimen franquista para agasajar al Caudillo “regalándole” aquel palacio, la magistrada se limita a estimar la demanda interpuesta por el Estado de que la propiedad del inmueble le pertenece, puesto que la “donación” se efectuó al autoproclamado jefe del Estado y no al individuo particular.

Desestima, de ese modo, los argumentos de los descendientes de Franco, que consideran el inmueble una propiedad heredada, puesto que disponen del documento de compraventa, datado en mayo de 1941, que atestigua estar escriturado a nombre del dictador. En la sentencia, la magistrada declara la nulidad de dicho documento y califica de “ficción” el trámite llevado a cabo con él, pues se utilizó con el único propósito de poner el bien a nombre del dictador.

Lo que siempre ha sido evidente para la ciudadanía, excepto para la familia Franco y sus acólitos, es ahora reconocido de manera judicial, gracias a esa sentencia de la Audiencia de La Coruña. Y aunque el fallo no es firme, puesto que puede ser recurrido en apelación por las partes y la recuperación definitiva tardará en producirse, se trata de un logro indudable de la Justicia por hacer valer la verdad, a pesar del tiempo transcurrido, en lo que fue uno de los muchos atropellos que cometió Franco cuando su régimen dictatorial empezaba a oprimir una España recién arrasada por la guerra. Algo de lo que no se quieren enterar los nietos del dictador y actuales herederos de sus motines y expolios. En este caso, la velocidad de la Justicia ha sido desesperadamente lenta.

Sin embargo, el juicio que acaba de comenzar en París contra los colaboracionistas necesarios de los terribles atentados de 2015, nos hace percibir una velocidad de la Justicia mucho más diligente. Es verdad que en el caso Meirás se tuvo que aguardar a la muerte del dictador y la restauración de la democracia, mientras que en Francia los hechos acontecieron en una democracia y un Estado de Derecho plenamente consolidados desde hacía décadas.

La independencia, en democracia, de la Justicia respecto del poder Legislativo y Ejecutivo permite que ésta actúe incluso contra gobernantes y autoridades de cualquiera de tales poderes, mientras que durante la dictadura franquista ningún juez osaba siquiera sospechar indicios de delito entre los vencedores de aquella guerra fratricida, fueran estos franquistas, falangistas, requetés o meros fascistas convencidos o de conveniencia. Su función consistía en hacer valer las Leyes Fundamentales del Movimiento, purgando a cuantos “rojos” quedaran en el país.

Aunque hayan pasado ya más de cuarenta años de la democracia que actualmente disfrutamos, a la que algunos denostan como la del “régimen del 78”, porque en esa fecha se aprobó la Constitución que la ampara, todavía quedan muchos residuos del franquismo económico, político, judicial, religioso, militar y social en nuestros tiempos.

Desmontar todo aquel tinglado, al que muchos deben su actual posición privilegiada, no fue ni es fácil. Es lo que explica la tardanza de cuarenta años en exhumar la tumba del mausoleo que el dictador se hizo construir en la Basílica del valle de los Caídos, donde era exaltado periódicamente, y el que la Justicia repare ahora el expolio del palacete del Pazo de Meirás, en Galicia, para devolvérselo a Patrimonio del Estado, su legítimo propietario.

Pero, también, es la causa que genera el rechazo a la Ley de Memoria Histórica entre los nostálgicos de la dictadura, con excusa de que sería mejor olvidar, no recordar y menos aún condenar, aquel régimen sanguinario para no abrir “heridas” todavía cicatrizantes.

Se refieren, naturalmente, a las heridas de los que resultaron beneficiados con los motines de guerra, y no a las de los que realmente soportaron en sus carnes y pagaron con su vida las atrocidades del franquismo. Todavía hoy se les niega el reconocimiento de la dignidad arrebatada a las víctimas de la dictadura. Lo tachan de “revanchismo”.

Pero, a pesar de los obstáculos que ponen los que aún justifican la dictadura gracias a una democracia que permite la pluralidad de ideas, la creación de partidos reaccionarios como Vox y la libertad de expresión de quienes, incluso, derogarían la Constitución, la Justicia ha podido avanzar con pies de plomo y paso de tortuga, no vaya ser que se desaten las iras incendiarias de los fanáticos de tirarse al monte y que todavía apelan al tutelaje del Ejército

Con 82 años de retraso, algo tan simbólico como el capricho inmobiliario del dictador será devuelto al Estado. Y reconoce que aquello no fue una donación “altruista”, sino una apropiación a la fuerza, facilitada por la coacción y el miedo que provocaba entre los “vencidos” un régimen que actuaba con arbitraria violencia, como se deduce de las fosas de desaparecidos violentamente que aún no es fácil descubrir.

En comparación, mucho más diligente se muestra la Justicia francesa resolviendo sus causas. Después de cinco años de investigación, el Tribunal Judicial de París empieza a juzgar a los supuestos cómplices de los autores de uno de los atentados terroristas más dolorosos de la historia reciente de Francia.

Un fatídico 7 de enero de 2015, dos fanáticos islamistas atacaron la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo, en París, porque había publicado unas caricaturas de Mahoma. Dejaron 12 periodistas muertos a balazos. En su huida, y con la ayuda de otro cómplice, mataron a un policía municipal de otra ciudad cercana a París y asesinaron a cuatro clientes de un supermercado de productos judíos. En vez de entregarse, prefirieron enfrentarse a las fuerzas de seguridad y acabar abatidos.

Ahora se juzga a 14 presuntos cómplices, acusados de haber prestado ayuda a los autores de los ataques. De los 14, tres siguen huidos y bajo orden de busca y captura. Se estima que el juicio se prolongue hasta el mes de noviembre, bajo fuertes medidas de seguridad, para que el Tribunal pueda escuchar el testimonio de 144 testigos y las alegaciones de más de 90 abogados de las partes.

Como es de esperar, allí se juzgan hechos delictivos que perseguían amordazar la libertad de expresión en una sociedad en la que está permitido criticar a los gobernantes, las religiones y cualquier convencionalismo y estereotipo social o cultural.

Un país donde es posible blasfemar porque no es delito, al contrario que en España, por ejemplo, en que un subjetivo y etéreo sentimiento religioso impide toda crítica a ritos, costumbres y privilegios de la iglesia católica, como saben muy bien las organizadoras de la manifestación del coño insumiso.

La celeridad de la Justicia francesa en abordar causas tan complejas como este caso indica la independencia del poder judicial, la confianza en las instituciones y el arraigo de un sistema de libertades mucho más sólido que el español. Por eso, la justicia avanza a diferentes velocidades, según se trate de un país u otro.

Desgraciadamente, la española es una justicia maniatada por asuntos tabú y condicionantes políticos que la enlentecen hasta hacerla prácticamente ineficaz. Porque cuando llega es demasiado tarde y apenas ningún culpable, sobre todo aquellos que ostentan privilegios y aforamientos, paga por sus delitos.

DANIEL GUERRERO
  • 31.8.20
El Partido Republicano presenta a Donald Trump como su candidato a las elecciones del próximo 3 de noviembre. El controvertido, imprevisible y ególatra empresario metido en política aspira a revalidar el cargo de presidente de los Estados Unidos de América (EEUU), la nación más poderosa del planeta, en contra, incluso, del parecer de algunos de sus pares del Congreso y el Senado.



Todo presidente norteamericano puede prolongar su mandato una segunda legislatura, como máximo, si los electores le renuevan su confianza en las urnas. Se le brinda, así, la posibilidad de consolidar las iniciativas y proyectos que ha puesto en marcha en los primeros cuatro años de presidencia, sin preocuparse, en ese segundo mandato, ni de las encuestas ni de la opinión de los ciudadanos. Y Trump no iba a ser una excepción, pero lo hace movido antes por un afán personalista que por refrendar sus políticas.

A solo una semana de la convención nacional de los demócratas, los republicanos han celebrado la suya para hacer oficial, en un auditorio de Charlotte, en Carolina del Norte, la nominación de Donald Trump como candidato a la Presidencia.

Y, desde el primer día, Trump ha impuesto su sello personal a un evento que, aunque se organiza para dotar de impulso al aspirante en su campaña electoral, se desarrolla, no obstante, ateniéndose a un tradicional protocolo de intervenciones que dejan para el final el discurso de aceptación y programático del candidato, ya oficialmente ratificado.

Trump ha obviado olímpicamente este trámite, apareciendo desde el principio para acaparar absolutamente todo protagonismo, siendo fiel a su estilo convulsivo, desenfrenado e impetuoso, como suele cuando alardea de su labor o arremete contra sus adversarios en Twitter.

No es ninguna extravagancia en el personaje, porque del mismo modo en que acometió su anterior campaña electoral en 2016, sin atenerse ni al respeto ni a la verdad esperada en el comportamiento entre contrincantes que se disputan la adhesión de los ciudadanos, también ahora Trump asume de manera unipersonal y hasta desde el Despacho Oval esta nueva y atípica campaña para permanecer cuatro años más en la Casa Blanca.

Es decir, lo hace desde su consolidado protagonismo visceral y sin renunciar a verter falsedades, tergiversaciones e insidias, más o menos groseras, incluso sobre el sistema electoral de su propio país, el mismo sistema que posibilitó su triunfo en 2016 y que permite el voto no presencial.

Ahora, temeroso de un voto más reflexivo y no presencial a causa de la pandemia, ha pretendido instalar la sospecha en el servicio postal, manipulando a su beneficio un recorte de su financiación presupuestaria y propalando la probabilidad de fraude en el voto por correo.

Tanto es así que, por sistema, Trump no vacila en utilizar su posición privilegiada como inquilino de la Casa Blanca para difundir mensajes propagandísticos sobre su candidatura o para confrontar y demonizar al adversario, algo insólito en los hábitos electorales norteamericanos, acostumbrados a no mezclar la función institucional del presidente con la del candidato en campaña electoral.

El ticket republicano es, pues, exclusivamente Donald Trump y él constituye la única imagen física e ideológica del Partido Republicano, al que ha moldeado a su imagen y semejanza. El histórico partido conservador ha sido absorbido por la impronta de Trump hasta el extremo de que, por primera vez en su historia, ni siquiera elaborará un programa electoral que ofrecer a los ciudadanos, sino que se limitará a apoyar de manera entusiasta las propuestas que se le ocurran a su candidato y sus reiteradas soflamas sobre “America first”.

No queda otra, por consiguiente, que resignarse a asistir al permanente y bochornoso “show” de Donald Trump, a quien ni la pandemia, ni el revés de la economía, ni las imputaciones judiciales en torno a sus tejemanejes, acaso siquiera ni un resultado adverso, podrán disuadirlo de intentar continuar, por todos los medios, irradiando su populismo ultranacionalista desde el sillón presidencial del palacete de la avenida Pensilvania de Washington.

Y para ello se muestra dispuesto a romper las costuras de lo permitido en campañas electorales de la democracia estadounidense, hasta ahora modélica en ofrecer contrapesos a las tendencias omnímodas de sus tres poderes. Algo que a Trump le fastidia sobremanera y que percibe como obstrucción a su labor o “caza de brujas” contra él.

Y es que Donald Trump no persigue sólo su reelección, sino aparecer como un ser providencial y la única persona capaz de levantar a América de su decaimiento imperial. Y lo hará recurriendo a la estrategia que ya usó en su primera elección.

Volverá a valerse de la distracción (construcción de un muro en la frontera con México), la tergiversación (criminalización de la inmigración), el racismo (ley y orden contra las protestas sociales), sus obsesiones (China y su emergencia como potencia mundial), la falsedad (Obama y la izquierda radical), su interés particular (aislacionismo comercial y unilateralismo político) y su capacidad intelectual (suficiente para tuitear compulsivamente). A ello añade su inclinación y facilidad para el espectáculo mediático con el que satisface las demandas de sus seguidores, basado en “fake news” y exageraciones de los problemas y en recetas milagrosas.

De este modo, tildará a los adversarios demócratas de ser radicales “socialistas” al apostar por combatir la desigualdad y la injusticia con, por ejemplo, el proyecto de una sanidad básica universal de carácter público, pero ignorando que la “radicalidad” izquierdista la representa un comunismo que aboga por la abolición de la propiedad privada como fuente de desigualdad, abusos y opresión contra los excluidos de toda pertenencia.

También ignora Trump, en su obrar, que utiliza inconscientemente el recurso psicológico, ya señalado por Freud en su ensayo El malestar en la cultura, de culpabilizar de sus frustraciones (personales, políticas) siempre en el otro, en un chivo expiatorio sobre quien poder descargar las tendencias agresivas que nos provocan.

Lo hicieron los nazis con los judíos, los cristianos con los gentiles, los comunistas con los burgueses y, actualmente, las opulentas sociedades consumistas de Occidente con los inmigrantes y los diferentes que anhelan compartir los recursos de este mundo.

Pero nada de hacer balance ni autocrítica de su gestión, ni reconocimiento de sus mentiras, estafas y fracasos políticos, de sus engaños y su descarado nepotismo. Ni de su tendencia a la manipulación y al sectarismo en la actuación gubernamental. Ni de los continuos abandonos de personas de su equipo a causa de su arbitrariedad, ignorancia y petulancia. Tampoco de la nula transparencia en su proceder particular y público, que incluye el ocultamiento de las declaraciones fiscales de su fortuna, ni sus pagos a prostitutas con fondos electorales.

Ninguna disculpa por el comportamiento miserable de su amigo y anterior jefe de campaña electoral y exconsejero de Seguridad de la Casa Blanca, Steve Bannon, imputado y detenido por lucrarse con las aportaciones privadas solicitadas por el propio Trump para la construcción del famoso muro con México.

Para Trump, la política es el arte de hacer olvidar lo prometido para entusiasmar con nuevas promesas que volverán a incumplirse. Y lo hace groseramente, con total descaro. Porque ni el muro se construirá, ni lo pagará México, ni blindará a EEUU del fenómeno de la migración, ni conseguirá un saldo positivo en todas las transacciones económicas del país, ni vencerá a la pandemia despreciando las indicaciones de expertos y epidemiólogos, ni eliminará la violencia de las calles, ni calmará el hartazgo de las minorías por la discriminación racial, ni podrá evitar que la Justicia acabe alcanzándolo por sus abusos y desmanes recurrentes. Ni siquiera podrá impedir que su recuerdo se diluya entre lo insignificante y anecdótico en la historia de los EEUU.

Este es el ticket ultranacionalista del Partido Republicano que encumbra a un personaje como Donald Trump. Él es el preciado y único valor de la propuesta republicana, aunque le acompañe para el puesto de vicepresidente quien ya ostenta el cargo y cuyo nombre es totalmente indiferente a efectos propagandísticos, políticos y electorales. Mike Pence es, simplemente, el clásico segundón que siempre maniobra a la sombra del jefe, al que presta lealtad incondicional y absoluto servilismo, sin pretender destacar en nada ni contradecir en ningún caso.

Lo verdaderamente relevante del ticket republicano es que presenta a Donald Trump a la reelección para que siga haciendo de las suyas, movido por su populismo ultranacionalista y su neoliberalismo unilateralista y aislacionista, bajo el señuelo de “hacer América grande, otra vez”, sin que nadie le pregunte qué América ni a qué modelo de América se refiere.

DANIEL GUERRERO
  • 24.8.20
Todo el mundo predice que en otoño volveremos a estar confinados. Es rara la conversación en la que alguien no afirme estar convencido de que el país necesitará estar enclaustrado, guardando una nueva cuarentena colectiva más o menos duradera. Pero nadie aporta datos objetivos ni referencias de expertos comprobables, sino juicios que se basan en la intuición y las especulaciones que circulan por las redes sociales.



Tales profetas son presas de un exceso de información que les imposibilita discernir entre bulos e información fidedigna. La incertidumbre y los miedos por una coyuntura realmente preocupante, a causa de una epidemia que no se puede combatir más que con el aislamiento individual, favorecen más una respuesta emocional que racional.

Sobre todo, si los brotes de la enfermedad se multiplican por todo el país, incrementando el número de personas afectadas, con o sin síntomas, así como el cómputo de fallecidos. Y, ante la alarma por un problema que no acaba de solucionarse, la reacción pesimista es lo que nos lleva a expresar pronósticos catastrofistas. Se pierde la confianza y la capacidad de criterio más o menos objetivo.

Es cierto que la pandemia, lejos de estar vencida, se halla semicontrolada gracias a las medidas de protección personal (mascarillas, distancia interpersonal, uso de geles hidroalcohólicos...) establecidas para servir de barrera a la transmisión de contagios. Con ellas se dificulta que el virus campe por sus respetos, pero no que siga entre nosotros, contagiando a nuevos huéspedes en cuanto bajamos la guardia y nos creemos libres de la enfermedad.

De ahí la aparición de brotes diseminados por toda la geografía, fruto, en la mayoría de los casos, de reuniones, celebraciones y aglomeraciones de gente (por causa festiva o laboral) que no cumplen las medidas de protección a que están obligadas.

Los expertos médicos y epidemiológicos, desconociendo el número exacto de personas infectadas en la población, esperaban la aparición de estos brotes como una evolución natural de la epidemia, siempre y cuando fueran detectados precozmente y debidamente rastreados para circunscribir su extensión y limitar su expansión.

Por tanto, que existan brotes no significa que la pandemia esté descontrolada, propiciando una nueva oleada como la que obligó confinar a la población y paralizar la actividad económica. Muy torpes e irresponsables hemos de ser para llegar a ese extremo, otra vez.

Pero las autoridades deberán aunar esfuerzos para unificar y fortalecer los mecanismos de actuación posibles contra esta inimaginable amenaza, evitando utilizarla para la confrontación política, y los ciudadanos tenemos que asumir que sin nuestro comportamiento responsable no se podrá doblegar esta situación, sin caer en dramatismos ni pesimismos injustificados. Y confiar en que, más pronto que tarde, se logrará el remedio terapéutico que nos facilitará una protección más eficaz contra el virus.

Tal vez entonces olvidaremos las especulaciones gratuitas y los bulos tendenciosos que tanto contribuyen a desinformarnos y atemorizarnos, haciéndonos perder el juicio y la capacidad crítica. También a no caer en la actitud opuesta que niega la evidencia y hace caso omiso de las recomendaciones de las autoridades e instituciones sanitarias.

DANIEL GUERRERO

  • 17.8.20
Tarde lo que tarde, la república será, inevitablemente, la forma jurídica del Estado español. Y lo será porque el hartazgo con los abusos, rapiña y arbitrariedades cometidos por quien porta la corona y su entorno familiar está provocando que el repudio a ese arcaísmo, que instaura reinos en vez de naciones democráticas, se extienda a gran parte de la población.



Y, además, porque, a pesar de la antigüedad histórica de tal régimen en España, basado en un linaje que atribuye derechos más mitológicos y feudales que racionales y que hunde sus raíces en tradiciones obsoletas, privilegios inaceptables y servidumbres indignas, la monarquía no deja de ser una forma anquilosada de representar al Estado mediante herencia familiar.

Se mire como se mire, ese privilegio genético de un apellido, por muy dinástico que sea, es incomprensible, incoherente e incompatible con una sociedad moderna y democrática, como es en la actualidad la española. Las tensiones que genera un régimen así, dadas las demandas de igualdad de una ciudadanía adulta, plural y democrática frente a un modelo de Estado misógino (ley sálica), impuesto (nunca ha sido elegido directamente) y, por su naturaleza, poco igualitario (derechos de primogenitura), son las que están condenando a la monarquía a su desaparición en nuestro país. Como dice el profesor Pérez Royo, se trata de “una anormalidad en un Estado plenamente democrático”.

Por eso está destinada a desaparecer tarde o temprano. Pero el cuestionamiento de la monarquía no es de ahora, cuando el rey emérito, Juan Carlos I, ha huido al destierro a causa de los escándalos económicos y sentimentales que arrastra su persona.

El desprestigio y rechazo que engendra la corona no es siquiera debido a una campaña emprendida por sus adversarios, sino a causa de los errores, caprichos y desmanes cometidos por quienes encarnan la institución y se cubren de oropeles aristocráticos.

Es por ello que, a pesar de los esfuerzos por camuflar sus iniquidades, ocultar sus vergüenzas y exigir una fidelidad ciega a sus súbditos (a quienes se les niega toda crítica), la imagen de la monarquía española es, mal que nos pese, no solo inquietante, sino abiertamente aborrecible.

Tal desmitificación viene de antiguo (si me apuran, desde que Franco decidió por su cuenta), pero la puntilla se la ha dado el propio monarca emérito, el ciudadano Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, más conocido como el “campechano” Juan Carlos I, padre del actual rey Felipe VI.

Es indiscutible que la larga trayectoria histórica de la monarquía española es discontinua y abrupta, llena de traiciones, abdicaciones, infertilidades, huidas y destronamientos, de lo que son ejemplos, por acotar un período, desde Carlos V hasta Alfonso XIII. Es lo que caracteriza su “singularidad” dinástica, expuesta a arbitrariedades en el “orden” sucesorio.

Pero, sobre todo, por ser ajena, en todos los casos, a la voluntad directa de la ciudadanía, a la que se le hurta su derecho a legitimarla democráticamente. En eso consiste, precisamente, el “pecado” capital de la monarquía como forma de gobierno: su alergia al refrendo democrático y, en consecuencia, su interés por “justificarse” vía hereditaria. Nada más arcaico en una sociedad moderna.

Pero las herencias vienen, en muchas ocasiones, envenenadas. No es lo mismo heredar un bien (inmueble, por ejemplo) que una hipoteca. Don Juan Carlos pudo haber transmitido un legado extraordinario a su hijo Felipe VI, si no fuera porque se vio obligado a abdicar, en 2014, debido a los múltiples escándalos de los que ha sido protagonista y que han ido erosionando la imagen pública de su persona, como rey, y de la monarquía como institución.

Incapaz de ajustarse a las demandas de transparencia y ejemplaridad que él mismo exigía a una institución que representa la jefatura del Estado, como al principio de su mandato parecía seguir, ha acabado autoexiliándose del país para no perjudicar aún más el reinado de su hijo Felipe con la mancha de la corrupción y la deshonra que desacreditan al rey emérito.

Tanto es así que ese contexto palaciego, generado por el comportamiento indigno del rey prófugo, explica claramente la osadía de un yerno en querer también enriquecerse por vías espurias, aunque finalmente condenado por no estar protegido con la inviolabilidad del rey. Aprendió en esa casa la desvergüenza, la inmoralidad y la avaricia de los todopoderosos caprichosos.

No obstante, es de humanos errar y pecar. Lo que no es racional es mantener instituciones de gobierno ligadas exclusivamente a un linaje insustituible, independientemente del comportamiento de su titular. Ello estaría justificado en épocas pretéritas de construcción nacional y cuando los reyes obedecían a la voluntad divina. Pero en tiempos democráticos, en los que el poder procede de la voluntad popular, es una “anormalidad” tratar de encajar la monarquía a la soberanía del pueblo. Son términos contradictorios.

Por otra parte, es posible que el prestigio de la república en nuestro país, después de dos intentos por instaurarla, no sea todo lo elogiable que se esperaba. Más por los obstáculos que opuso el “caciquismo” económico, religioso, ideológico y social de sus adversarios que por sus propios errores, las intentonas republicanas siempre fueron truncadas, incluso de forma violenta, a pesar de los avances modernizadores que supusieron muchas de sus iniciativas.

Con todo, ningún presidente republicano fue acusado de corrupción y avaricia. Y aunque así lo hubiera sido, podía ser investigado, juzgado y condenado como cualquier ciudadano que delinque, al no gozar de privilegios que blinden su impunidad.

Un jefe de Estado republicano es un ciudadano más, un rey se asimila a un dios intocable e inviolable, y como tal acaba comportándose, pues su cargo es vitalicio y pertenece a su familia, no depende del pueblo. Esa es la gran diferencia entre un régimen y otro. Y es, justamente, el debate que ha propiciado el rey emérito con su espantada por sus probables problemas con la justicia.

Él mismo le ha dado la puntilla a la monarquía, contagiándole su propio desprestigio. De una crisis reputacional a otra de legitimidad solo dista un paso: el que da la opinión pública al mudar de criterio, perder la confianza y dudar de la honorabilidad de los gobernantes.

Si Adolfo Suárez no quiso someter a referéndum la monarquía, confiado como estaba en que perdería la votación y por eso la incluyó como “dos por uno” en el referéndum constitucional, en la actualidad el debate también haría peligrar a la institución monárquica. Por eso huye quien ayudó que la democracia se asentara en nuestro país, aunque acabara dilapidado su prestigio personal e institucional a causa de su avaricia y vida licenciosa.

Juan Carlos I no pudo evitar que, finalmente, se le cayera la máscara de honorabilidad y honradez con la que se parapetaba y dejara al descubierto la desnudez moral de un rey impresentable. Por todo ello, la república será inevitable. Solo es cuestión de pensarlo un poco. Y de tiempo.

DANIEL GUERRERO
  • 10.8.20
El pasado jueves se cumplió el 75.º aniversario de la primera vez que se utilizó un arma nuclear durante una guerra. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay dejaba caer una bomba atómica, que se acababa de inventar semanas antes, sobre la población civil de Hiroshima, matando al instante más de 70.000 personas y otras 100.000, posteriormente, a causa de la radiactividad.



Tres días más tarde, otra ciudad japonesa, Nagasaki, recibiría el mismo castigo, dejando un balance menor de víctimas, pero significativo en comparación con su población: 40.000 muertos por la explosión y otros tantos como consecuencia de la radiación.

Nadie hasta la fecha ha pedido perdón por las víctimas civiles de una atrocidad que no estaba justificada. La devastación sufrida por las dos ciudades determinó la rendición de Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial.

¿Fue necesario el sacrificio de tanta gente inocente? La lógica de cualquier guerra se aparta de cualquier razonamiento racional, si se permite la redundancia, en el que imperan valores morales y éticos que no se tienen en cuenta para conseguir la victoria.

Porque si no se arrojaron las bombas sobre complejos militares e instalaciones gubernamentales implicadas en el conflicto, la única finalidad que se deduce de dicha decisión es que se usó la bomba atómica para demostrar la superioridad armamentística norteamericana y ocasionar un shock en el enemigo de tal magnitud que lo abocara a la rendición incondicional, como en efecto sucedió.

Japón, que solo mantenía una fuerte resistencia en el combate por tierra, se rindió el 15 de agosto, después de que la entonces URSS atacara a las tropas niponas estacionadas en Manchuria (China), infligiéndole grandes pérdidas y, lo que fue peor, desbaratando las intenciones de Japón de conseguir una posible mediación soviética, con quienes no estaban en guerra, para una paz negociada con Estados Unidos.

Los hongos nucleares que se elevaron sobre las dos ciudades no permitieron otra paz que la incondicional ni otra vía para alcanzarla más que la militar, aunque los “daños colaterales” provocados entre la población civil fueran inmensos y descomunalmente crueles y despiadados.

Ojalá este capítulo ignominioso de la última Guerra Mundial sirva para extraer lecciones acerca de que no todo está permitido en ninguna guerra, instando a la reflexión en el 75.º aniversario de aquella locura humana, precisamente en un momento, como el actual, en que existen demasiadas tentaciones bélicas por todo el planeta y ciertos mandatarios que presumen de poseer armas aún más destructivas.

DANIEL GUERRERO
  • 3.8.20
En julio nos atrevimos a tomar unas cortas vacaciones con el inevitable temor sobre lo que nos depararía tanto la ida como la vuelta, en medio de esta anormalidad calificada de “nueva”. Aquellos recelos estaban justificados. Porque nada fue como estaba previsto ni en el destino y el en origen, puesto que los cambios acontecidos a causa de la pandemia de la covid-19 han sido de tal naturaleza que han alterado, no solo las rutinas individuales de las personas, que han debido hacer de tripas corazón detrás de las mascarillas, sino también en las colectivas, mediadas estas por la política, la economía o la cultura.



Pero en vez de sumarnos al coro de lamentaciones y exigencias de auxilio público, dadas las penurias que nos han golpeado, como cada día verbalizan los autónomos, los hoteleros, los hosteleros, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los deportistas, los artistas y cuantos colectivos han visto mermadas sus expectativas lucrativas, ya sea por el parón de la actividad, la disminución de beneficios o el desempleo con o sin ERTE, vamos a destacar lo que ha acontecido durante el pasado mes de julio, que no pudo acabar con peores signos de alarma y desasosiego.

Por un lado, los rebrotes de una pandemia contenida, que no derrotada, se han multiplicado por todos aquellos lugares donde la aglomeración confiada de personas y el hacinamiento que padecen los recolectores agrícolas, tanto en Huelva como en Lérida, favorecieron el contagio y el surgimiento de nuevos brotes de la enfermedad.

La irresponsabilidad de algunos, creyéndose invulnerables para entregarse a celebraciones con cualquier pretexto, supone el peligro más importante para la expansión de una epidemia que sólo puede frenarse, de momento, con medidas de distanciamiento social e higiene (geles) y protección (mascarillas) personal, hasta tanto no se descubra una vacuna o terapia eficaz. Además, el hacinamiento forzoso (temporeros) o voluntario (cualquier tipo de concentración o actos, sean religiosos, lúdicos o familiares) es otra fuente de propagación comunitaria, por parte de portadores asintomáticos, de esta enfermedad.

Una enfermedad de la que también se ha sabido que se trasmite de humanos a animales, y no sólo como creíamos -del murciélago al hombre-. De hecho, en Aragón fueron sacrificados más de 92.000 visones porque el 80 por ciento de los ejemplares estaba infectado por el coronavirus, y otro millón tuvo que eliminarse en Países Bajos por el mismo motivo.

Se demuestra así que, a pesar de todo lo que se va conociendo de este patógeno, todavía resta mucho más para comprender cómo surgió, cómo evoluciona, por qué vía se transmite y cómo combatirlo eficazmente hasta su total erradicación. La prudencia, por tanto, es la única arma posible frente a un virus aun latente entre nosotros, aunque no siempre, ni en casa ni en vacaciones, la hayamos asumido con el rigor que demanda nuestra indefensión y vulnerabilidad. Y julio ha sido exponente de ello con su alarmante proliferación de brotes.

También es verdad que no todos somos iguales en capacidad de protección, ni siquiera de ser prudentes, frente a esta moderna amenaza. Por diversos condicionantes. Uno de ellos ensombreció aún más al mes de Julio cuando se conoció el dato sobre la pobreza severa que existe en España, y que alcanza al 30 por ciento de las personas que tienen trabajo y al 37 por ciento de las que disponen de estudios medios o altos.

La educación, como refleja ese dato, no parece ser suficiente como “elevador social”, ni tampoco para escapar de las garras de la pobreza. No sirve de garantía para librarse de las condiciones de origen o de heredar la pobreza de los padres. A veces, incluso, te condena a vivir en peores condiciones que ellos. Sin embargo, a pesar de su gravedad y magnitud, este drama social está envuelto en un silencio espeso en nuestro país, del que sólo puntualmente emerge algún dato que pasa desapercibido en la realidad.

Y la realidad es que más de la cuarta parte de la población española (26,10 %) vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Y que, incluso con formación y trabajo, es la elevada desigualdad de rentas el factor que más predispone a la pobreza a las familias. Porque no basta con estudiar y tener trabajo para huir de ella. Hacen falta políticas de corrijan las desigualdades de todo tipo que aún subsisten en nuestra sociedad, tanto de género como económicas, educativas y culturales.

Ante tal panorama, al que la pandemia añadirá cerca de otro millón más de pobres (trabajadores precarios, mujeres e migrantes, sobre todo), algunos todavía cuestionan iniciativas, como la del Salario Mínimo Vital, que palían, pero no solucionan, la lacra de la pobreza que está adherida a nuestro modo de convivencia, impidiendo a demasiados de nuestros compatriotas adquirir una vivienda, llegar a final de mes o acceder a prestaciones sociales, como denunció en su informe para la ONU el relator de ese organismo, Philip Alston, recientemente.

Julio, por tanto, ha sido un mes nefasto para cualquiera que se haya quedado en casa o se haya ido de vacaciones. Y esa negatividad se ha acentuado, encima, con la noticia de la muerte de Juan Marsé, un referente de la literatura española y un icono del estoicismo en los tiempos asfixiantes del franquismo, cuya miseria moral y social reflejó en sus obras como contrapunto a la búsqueda de libertad que aquel régimen negaba a todos.

Como precisa muy bien Antonio López Hidalgo, Juan Marsé “se vengó con sus novelas de una vida miserable que nadie, entonces, merecía”. Ni entonces, por la dictadura, ni ahora, por la pandemia y una pobreza que sacuden nuestras líquidas certidumbres y confortables rutinas.

Pero no todo lo sucedido en julio ha sido negro. También hubo zonas grises para la esperanza. Europa proporcionó algo positivo en favor de la solidaridad ante los efectos de la pandemia en todo el continente, reforzando con ello el proyecto político que representa la Unón Europea (UE).

Y es que, finalmente, en julio se aprobó el Plan de Ayuda contra la pandemia (750.000 millones de euros) y el Presupuesto de la UE, dotado con 1,074 billones de euros, para el próximo septenio (2021-2027), tras arduas negociaciones y cesiones mutuas entre países “frugales” y “despilfarradores”, es decir, entre ricos y pobres. Todos ellos han cedido para lograr el acuerdo, firmado por los 27 países de la UE, después de cuatro días y sus noches de duros debates y agrios enfrentamientos.

El citado Plan de Ayuda supone un fondo de 750.000 millones de euros, de los que 399.000 millones serán destinados a subsidios a fondo perdido y, el resto, para préstamos. Con ese reparto se logra un equilibrio que satisface a los bandos enfrentados. Contempla, eso sí, una especie de “freno”, pero no de veto, por parte del Consejo Europeo en caso de mal uso del dinero transferido a los estados destinatarios del grueso de tales ayudas, como Italia, España, Portugal y Francia, los más severamente azotados por la pandemia y la crisis económica derivada de ella.

Pero lo más importante de dicho acuerdo es que ese Plan se financiará, por primera vez en la historia de la UE, mediante la emisión de deuda conjunta en los mercados financieros, respaldada por el presupuesto comunitario. Se trata de un paso más, histórico, para llegar a una mutualización de la deuda de los países miembros que evite la disparidad fiscal que beneficia a unos y perjudica a otros dentro de un espacio común. Es decir, un paso para completar una verdadera unión financiera que acompañe a la unión política, económica y comercial que constituye la UE.

Pero hay más. Esta ayuda europea coincide en el tiempo con el Pacto por la Recuperación suscrito por la mayoría de partidos presentes en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de potenciar aquellos sectores de nuestro país que deberán robustecerse para poder hacer frente a futuros retos de magnitud como el de la pandemia.

En especial, el de la sanidad, sector tan castigado por las políticas de austeridad implementadas durante la pasada crisis económica de 2008. Pero, con él, también aquellos otros servicios esenciales que han estado a punto de colapsarse durante esta pandemia del coronavirus e igualmente “adelgazados” de recursos materiales y humanos.

A ese Pacto por la Recuperación se añade, además, la decisión del Gobierno de “repartir” recursos económicos suplementarios a las Comunidades Autónomas con los que financiar los sobrecostes que ha supuesto afrontar la crisis sanitario-económica de la covid-19.

Esta cesión de ayudas está todavía en discusión, pero en su conjunto -la europea, la estatal y la autonómica- conforman tres vías de socorro que deberían permitir a nuestro país remontar la actual situación de crisis social (sanitaria) y económica (recesión y desempleo) que nos ha dejado un simple virus pandémico. Pero me asalta una duda: ¿sabremos aprovecharlas?

DANIEL GUERRERO
  • 27.7.20
El humano es un ser pestilente, huele mal de forma natural y cada cavidad de su organismo expele un hedor repugnante. Para evitarlo, hemos asumido la costumbre de asearnos cada día y camuflar todos esos tufos con fragancias y desodorantes. La culpa, claro está, son esas bacterias que transportamos en nuestra piel, mucosas y órganos y que conviven con nosotros de manera simbiótica. Sin ellas no podríamos ni alimentarnos, pues ayudan a descomponer lo que comemos para poder ser metabolizado, pero, a cambio, dejan un vaho sumamente desagradable que expelemos por todo el cuerpo.



Nada más despertarnos por la mañana, el aliento que desprende la boca es como el de un túnel sin ventilación, aire viciado, por la sequedad y los efluvios que ascienden desde las alcantarillas estomacales. De hecho, nos cepillamos los dientes al levantarnos para eliminar, sobre todo, ese sabor y olor indeseados antes que por prevenir la caries o el sarro en nuestra dentadura.

Si fuera sólo por lo segundo, nos limpiaríamos los dientes después de cada comida, como aconsejan los dentistas. Y es que la cavidad bucal, foco séptico donde los haya, es un nido de gérmenes debido a lo restos alimenticios, muelas picadas y toda esa placa bacteriana que germina en ella. Aparte de infecciones bucales, la halitosis es el más soportable de los vapores fétidos que desprende por la boca nuestro cuerpo.

El sudor contribuye en gran medida a que olamos mal, a pesar de que esa humedad de la piel, producto de sus glándulas sudoríparas, es un mecanismo de protección que sirve para refrigerarla cuando hace mucho calor en el ambiente o hemos realizado esfuerzo físico.

Pero el sudor, una mezcla de agua y grasas, favorece que las bacterias de la superficie corporal descompongan restos reblandecidos de la epidermis y de la grasa secretada, liberando sustancias de olor rancio, agrio, penetrante y, en suma, desagradable. Sobre todo, en zonas como las axilas, los pies y los genitales.

Además, los hongos que suelen habitar en tales zonas húmedas pueden aprovechar para multiplicarse y dar lugar a afecciones y lecciones fúngicas diversas, como el pie de atleta. Los “aromas” del pie y los sobacos echan para atrás a cualquier nariz que se acerque.

Incluso el ombligo, ese cráter del que surgía el cordón que nos unía vitalmente a la madre que nos engendró en su vientre, es un pozo fétido si no se extrema la higiene. Por su forma y pliegues, puede acumular agua, células muertas y hongos que, a la mínima, desprenden mal olor y hasta una supuración asquerosa. No hay más que meter el dedo para comprobarlo. Otro rastro pestilente del ser humano.

Pero son otros “agujeros” orgánicos los que nos impregnan con mayor intensidad de “perfumes” fétidos insoportables, al ser, precisamente, por donde evacuamos las sustancias de desecho sólidas y liquidas. Y no sólo en razón a las causas descritas anteriormente (humedad, hongos, bacterias), sino también por la propia composición del material que excretan, por enfermedades de otros órganos e, incluso, por alimentos que se hayan ingerido. Y hasta por la edad.

Lo cierto es que los olores pestilentes que desprenden los genitales y el ano, así como la orina y las heces que expulsan y cuyos restos en la zona se pudren y hieden, son los mayores focos fétidos que distinguen, en vida, al ser humano, detectables a distancia.

Y una vez muerto, la descomposición del cuerpo, gracias a esas bacterias que transportamos por fuera y por dentro, deja el rastro pestilente de una existencia ya extinguida. Y es que, hasta muertos, olemos mal. Porque el humano es un ser pestilente. Menos mal que inventamos el jabón.

DANIEL GUERRERO

  • 20.7.20
Exploramos otros planetas en busca de vida, no solo para descubrir minerales u otros materiales que podrían ser de utilidad en la Tierra, esquilmada ya de sus riquezas naturales. Y uno de los rastros por los que se podría detectar algún vestigio de vida es la existencia de una tenue franja de color verde, visible desde el espacio y principalmente de noche, en las capas altas de la atmósfera de un planeta, como sucede en el que habitamos.



Se trata de un efecto producido por la excitación de los átomos de oxígeno presentes en la atmósfera por acción de los rayos del Sol, un fenómeno parecido al que causa las auroras boreales. Y tal franja verde ha sido descubierta ahora, por primera vez, en la atmósfera de Marte, para interés de la comunidad científica y alborozo para los amantes de las especulaciones marcianas.

El hallazgo, a pesar de ser teóricamente predecible, nunca antes se había realizado por la improbabilidad de conseguir tales mediciones experimentales. Sin embargo, gracias al empecinamiento de investigadores españoles –como Juan José López Moreno, del Instituto de Astrofísica de Andalucía–, que trabajan para la misión ExoMars de las agencias espaciales europea y rusa, se ha logrado detectar por primera vez esa franja verde en la atmósfera de Marte, acometiendo simplemente una modificación en uno de los instrumentos que rastrean gases de la sonda que actualmente, desde 2016, orbita el planeta rojo.

Ese instrumento está diseñado para analizar de manera vertical trozos de columnas de la atmósfera del planeta y detectar en ellas los distintos componentes que las forman, habitualmente nubes, gases y polvo. Pero, siguiendo las indicaciones de estos investigadores, se procedió a reorientar el NOMAD, el instrumento encargado de estas mediciones, para que observase el perfil de la atmósfera mirando hacia el horizonte en vez de hacerlo perpendicularmente, en vertical.

De este modo, se ha podido confirmar la hipótesis sobre la probabilidad de que, también en la atmósfera de Marte, se produzca ese “aliento” que tiñe de verde una de sus capas más externas. Para algunos, tal franja verde podría indicar el rastro de algún tipo de vida capaz de realizar la función de la fotosíntesis con la que las plantan “fabrican” oxígeno.

Lejos de estas ensoñaciones con vida marciana, los propios investigadores del proyecto se han apresurado a racionalizar las expectativas, al asegurar que la raya verde se debe a la disociación de las moléculas de dióxido de carbono, abundantes en aquella atmósfera, lo que posibilitó que los átomos de oxígeno procedentes de la ruptura interactuasen con la luz solar, causando la franja verdosa.

No obstante, ello no resta viabilidad al experimento como rastreador de indicios de vida en los exoplanetas en que se detecten franjas verdes mucho más intensas en su atmósfera, compatibles, en tal caso, con la producción de oxígeno mediante fotosíntesis. Y es que el sueño de la búsqueda de vida en el espacio jamás se rinde ante ninguna evidencia que lo desmienta. Porque, entre otros motivos, cada vez conocemos cosas que antes se ignoraban y vemos fenómenos que no éramos capaces de percibir, como ese aliento verde en el cielo de Marte.

DANIEL GUERRERO

  • 13.7.20
Este año se ha detectado en nuestro país una nueva especie ciudadana, aparte de las conocidas en el ámbito político y religioso, ya descritas exhaustivamente por Xavi Castillo (Los “repeperos”) y Maruja Torres (Los “ayatobispos”), respectivamente. Esta nueva especie crece a expensas del ámbito sanitario, especialmente, el virólogo y, más concretamente, su rama epidemióloga.



Como las otras, esta nueva especie pretende ser depositaria del conocimiento verdadero y convencer al entorno de su nicho social de que hagan caso de su saber autodidacto, aunque un pelín dogmático. En taxonomía social se la denomina como “ultrasanitarios”, especie surgida desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país a raíz de una pandemia, provocada por un virus nuevo y sumamente contagioso, que nos alcanzó a principios de año y que obligó adoptar medidas de protección higiénico-sanitarias a toda la población, todavía vigentes. De ahí su supervivencia.

A pesar de ocupar hábitats distintos, estas especies comparten rasgos comunes. Si los “repeperos” (PPPP = del PP, Pero Pobre) son personas de estratos medio-bajos, trabajadores y asalariados con sueldos tan precarios como sus trabajos, pero que votan insistentemente al PP aunque afirmen no entender de política, los “ultrasanitarios”, en cambio, abarcan todo el espectro social –alto, medio, bajo–. Son individuos, por lo general, profanos en la materia, que no disponen de formación médico-sanitaria, pero aparentan ser expertos en virología y especialistas en epidemiología.

Como los “repeperos”, los “ultrasanitarios” dicen no entender de microbiología, aunque se exhiben como doctos sapientísimos que se atreven a impartir lecciones a sus paisanos, bien sean conocidos o desconocidos, que disienten de sus categóricas afirmaciones.

También comparten la fe ciega. Al igual que los “repeperos”, que apoyan ciegamente las medidas económicas y laborales del PP aunque les perjudiquen, incluido el mantra de la bajada de impuestos con la que les recortarán servicios públicos y prestaciones sociales y que luego tendrán que compensar con mayores impuestos indirectos y el copago de servicios privados, los “ultrasanitarios” abrazan inquebrantablemente el uso obligatorio de la mascarilla, incluso en espacios abiertos y a kilómetros de separación de cualquier otra persona.

Tanta es su fe sobrevenida que proclaman la nueva buena de la lejía como uso industrial en el hogar, las virtudes del gel hidroalcohólico, para evitar la tentación de coger o tocar nada sin previo enjuague de manos, como sustituto del arcaico lavado con agua y jabón del que se olvidan cuando salen del urinario, y hasta de portar guantes de látex, preferiblemente de color azul, para conducir, comprar el periódico y coger el móvil o las llaves, sin reparar que también el látex contaminado se convierte en vector de transmisión de una infección, como conocen en cualquier quirófano.

Los más ultras de los “ultrasanitarios” son reacios, incluso, a abandonar el confinamiento, a pesar de que la desescalada nos haya conducido hasta una “nueva” normalidad, avalada por profesionales en salud pública y acreditados epidemiólogos. Es lo que tienen las especies conversas invasoras: se muestran más beligerantes e intransigentes que las naturales del territorio o área (ideológica o científica).

Pero les pierde, como a la especie de los “repeperos”, que son identitarias, profundamente nacionalistas y territoriales, lo que les induce a despreciar a otros grupos semejantes, en otras latitudes, e ignorar sus problemas vitales.

Así, mientras que, para unos, la corrupción política, cuando les afecta, es cosa de todos los partidos, para otros, las medidas implementadas por el Gobierno son tardías, insuficientes y poco eficaces, aun siendo prácticamente las mismas que han adoptado todos los países azotados por la pandemia.

Para los “ultrasanitarios”, ni los gobiernos ni sus asesores de expertos y científicos hicieron lo debido ni actuaron con la antelación necesaria frente a una amenaza que sólo ellos supieron prever, a toro pasado. El Gobierno ha sido culpable de esta crisis y de su corolario económico. Sólo ellos y los suyos son capaces de afrontar estos retos inesperados.

No es extraño, por tanto, que tiendan a sufrir el Síndrome de Estocolmo, que los impulsa a confiar y apoyar a los que, gracias a su voto, no han hecho más que privatizar hospitales, reducir plantillas, rebajar salarios, precarizar empleos y recortar o limitar prestaciones y ayudas públicas que, solo cuando ven, por ejemplo, las orejas de una crisis sanitaria como la actual, vuelven a considerarse como derechos y servicios públicos esenciales e imprescindibles.

Y aunque hayan votado su reducción, ahora los exigen clamorosamente mediante aplausos vespertinos y airados aspavientos. Así es el comportamiento de la especie de los “ultrasanitarios”, que tiene una línea genética común con la de los “repeperos”.

Y también con la de los “ayatobispos”, con la que comparten ese gusto en refocilarse en el tenebrismo y el pesimismo más apocalíptico. Así, los “ultrasanitarios” no cejan de vaticinar que en septiembre se producirá un repunte, mucho más grave, de la pandemia. Ya lo vienen advirtiendo desde el primer día, aquel en que las mujeres se manifestaron por la igualdad.

Sospechan, muy cucos ellos, que las autoridades no cuentan la verdad y mienten sobre la mortandad real de esta pandemia. Que ocultan maliciosamente el número de muertos. Por eso, los “ultrasanitarios” se arrogan la autoridad de separar el grano de la paja y determinar cuándo y qué medidas son precisas para afrontar una infección que, unas veces, se transmite por el aire, otras por contacto, y, si no es por una ni otra, por cualquier medio.

Su “verdad”, como predican los “ayatobispos”, es la única verdadera y solo ellos pueden proclamarla. En sus ojos inquisitoriales tras las mascarillas se aprecia la mirada del iluminado. Y del mismo modo que los “ayatobispos” están obsesionados con los pecados de la carne y exigen sacrificios de cintura para abajo, los “ultrasanitarios” son profetas de la mascarilla y exigen el sacrificio de respirar a través de una tela de manera permanente y en cualquier circunstancia, aunque la normativa indique excepciones, so pena de pecado contra la religión inmunológica.

Solo es posible alcanzar su salvífica bendición si, además, te cubres el rostro con una pantalla, como las de las vespas antiguas, capaz de espantar al maligno patógeno. Solo entonces podrás convivir sin preocupaciones con los “ultrasanitarios”, una especie diferente de homínidos que practican el tutelaje social respecto de las recomendaciones de protección sanitaria durante la presente crisis de la covid-19. Nadie los ha llamado, pero ellos mismos se ofrecen a prestar semejante servicio a la patria. ¡Jesús, qué tropa!

DANIEL GUERRERO
  • 6.7.20
Después de meses encerrados a cal y canto en nuestros domicilios, regresamos a la calle con cierto desasosiego. Las autoridades no dejan de advertir que cualquier relajación de las medidas de protección podría provocar un rebrote de la epidemia. E insisten en que la distancia social y las mascarillas serán imprescindibles hasta tanto no se descubra una vacuna o un remedio eficaz contra el patógeno que amenaza nuestras vidas.



Pero, al mismo tiempo, desde la sociedad emergen voces que reclaman la reapertura de comercios, industrias y actividades económicas que dan vida a las ciudades, riqueza al país y medios de subsistencia a las personas. Se debe, pues, compatibilizar cierto aislamiento individual con la concurrencia colectiva que exige el comercio y la economía.

De ahí que, tras el confinamiento, se haya iniciado la “desescalada” hacia una “nueva” normalidad que despierta sentimientos encontrados. Por un lado, lamentamos que tiendas, hoteles y negocios estén cerrados, y, por otro, nos embarga cierto recelo y hasta miedo que los mismos, una vez abiertos, puedan convertirse en focos de contagio por aglomeración de clientes.

De hecho, los bares han vuelto a llenarse de parroquianos que, con antifaces y enjuague de manos, acuden a desayunar o tomar el aperitivo acostumbrados. Las tiendas de todo tipo recuperan poco a poco el revoloteo de curiosos alrededor de escaparates tras meses con las persianas bajadas y la mercancía guardada en cajones.

El tráfico empieza a inundar las carreteras, provocando los primeros atascos y accidentes, una vez se ha dado vía libre a viajar por todo el país. Los parques y jardines reciben con alborozo el vocerío de paseantes que estaban deseando recuperar el contacto con ese trozo de naturaleza encapsulado en medio de las ciudades para escuchar el piar de pájaros y el griterío de los niños.

Las rutinas, pues, han vuelto poco a poco a conducirnos por donde solíamos, sea por ocio o por razones laborales, pero de modo precavido y desconfiado. Porque no nos fiamos de nadie que se acerque a nosotros ni respete las medidas de protección de las que continuamente nos alertan.

Pero, de tanto recelar, acabamos comportándonos como racistas con nosotros mismos, distinguiendo entre dogmáticos de la seguridad e higiene sanitaria y los relajados que la asumen con cierta flexibilidad. Grupo aparte son los que se saltan a la torera cualquier norma: los irresponsables.

Obviando a los flexibles, estas dos actitudes radicales son, como siempre, extremas e irreconciliables, y caracterizan a las eternas dos Españas en cualquier ámbito colectivo, tanto político como religioso, deportivo, etcétera.

En la presente ocasión, ese enfrentamiento nos obliga tomar partido entre si continuar confinados o recuperar cierta normalidad en la actividad social y productiva. Y se convierte en el nuevo debate que nos impulsa a la porfía, dividiéndonos entre apocalípticos o integrados en el asunto de la pandemia, como un aspecto más de esa cultura popular que se divulga a las masas a través de los medios de comunicación.

Desde tales posicionamientos, no son pocos los ciudadanos que se decantan por intentar proseguir con sus costumbres y rutinas, y no renuncian a disfrutar de sus vacaciones, aun con todas las medidas de protección que siguen imperantes. Han planificado viajes a sus segundas residencias veraniegas o alquilado alojamientos en aquellos destinos turísticos que pretenden continuar con el negocio en medio de tantas dificultades.

Pero constituyen una mayoría quienes temen exponerse a posibles o remotas posibilidades de contagio si salen de su casa o ciudad. Desconfían del aire que cualquier desconocido o conocido expele al respirar en su cercanía, en medio de la calle o en un restaurante. Sufren del síndrome de la cabaña, porque desisten de abandonar la reclusión a la que han sido obligados durante el confinamiento.

Se comportan como apocalípticos que, para acudir a cualquier sitio, abierto o cerrado, hacen uso de mascarillas, pantallas, guantes, hidrogeles y demás medidas de prevención de contagios, tal como reiteradamente aconsejan la prensa, la radio y la televisión. Los más fanáticos del rigor cuestionan a todo el que no actúe como ellos, echándole en cara el peligro que supone para todos que no sigan las recomendaciones como ellos entienden.

Que la norma legal contemple, en su articulado, que en espacios abiertos, siempre que se pueda mantener la separación interpersonal recomendada, no es obligatorio el uso de mascarillas, no les convence ni les exime de arrogarse la autoridad de interpelar a los “flexibles” por una conducta que tachan de “irresponsable”. Y que estos continúen su camino sin responder a la recriminación les parece más grave, si cabe. Tal respuesta les provoca mayor ofensa e indignación que si entablaran una franca discusión.

Y la verdad es que todos tienen parte de razón. La información facilitada ha sido abundante, pero poco clara, escasamente profunda y, en no pocas ocasiones, contradictoria. Durante el largo período de alarma –y todavía hoy–, los responsables gubernamentales y los medios de comunicación estuvieron cambiando de opinión sobre las condiciones de uso de las mascarillas, de la distancia mínima de separación entre las personas y de hasta si el virus podía sobrevivir más o menos horas o días sobre cualquier superficie, dependiendo si era de papel, metal o plástico.

La apertura gradual de comercios e industrias, incluso las consideradas esenciales, tenían una regulación diferente a la que regía a la totalidad de población. Lo que era considerado espacio cerrado con obligación de usar mascarillas, no lo era si se trataba de un establecimiento hostelero, puesto que con esa barrera bucal es imposible consumir ningún producto.

La sensación general es que se han ido improvisando normas conforme se iban adquiriendo conocimientos biológicos y epidemiológicos del patógeno causante de la pandemia. Y esas normas han debido de aplicarse dependiendo de los estratos sociales afectados y de sus respectivos intereses.

El resultado de todo ello es que cada cual ha entendido la información como ha podido, según el medio habitual utilizado para acceder a ella. Si a ello añadimos, además, el aprovechamiento de esta situación excepcional para la confrontación política, que no hace ascos a tergiversar hechos, ocultar datos y ser parcial en los argumentos, no debería extrañar que la gente esté dividida sobre qué es exactamente lo que se le pide y se le dice.

Y que, como ya determinó con su teoría Umberto Eco, hallemos verdaderos integrados y apocalípticos respecto de la información que reciben de los medios de comunicación y la cultura popular que estos fomentan. Una cultura, en este caso “sanitaria”, saturada de información imprecisa, cuando no espectacular, que lo mismo hace creer una cosa y la contraria. Ello explica la dicotomía de nuestro comportamiento: quedarnos encerrados o salir a la calle, usar mascarillas en todo momento o no hacerlo en espacios abiertos y manteniendo la distancia social, etc.

Se trata de una situación única que dará lugar al inevitable estudio sociológico que se elaborará en la era poscovid. En él se explicará cuánto ha habido de espontáneo o de provocado en nuestra actitud colectiva frente a la pandemia. Y qué responsabilidad tienen gobiernos y medios de comunicación en la respuesta dividida de la población. Y volverán a demostrarnos que reaccionamos como integrados a apocalípticos a la información mediática que nutre nuestro conocimiento de la realidad.

DANIEL GUERRERO
  • 29.6.20
Más por suerte que por voluntad soberana de los votantes, los españoles más vulnerables y débiles (entre los que incluyo a los trabajadores, las amas de casa, las personas dependientes y la mayoría de los jóvenes y los niños) pueden albergar motivos para una cierta esperanza en que el Gobierno de España intentará defender y proteger los intereses generales de la ciudadanía.



Por suerte, el país está dirigido por un Gobierno de izquierda, nada radical, que conjugará, si no traiciona sus promesas, el interés social con el económico, lo que significa que no doblegará el primero a las exigencias del segundo, como hace y ha hecho siempre la derecha para satisfacer intereses particulares muy poderosos.

Las clases más desfavorecidas, las primeras que son olvidadas y que tienen que cargar con todos los sacrificios, tienen motivos para una cierta confianza en que, en esta ocasión de emergencia sanitaria y crisis económica, no serán dejadas de la mano de Dios por un Gobierno que, a los pocos meses de su formación, ordenó una subida espectacular del Salario Mínimo Interprofesional, comenzó a compensar el salario de los empleados públicos (profundamente devaluados por la anterior crisis financiera) y ha derogado el despido de cualquier trabajador por causas médicas.

Un Gobierno que, enfrentado a la crisis sanitaria, ha facilitado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, que benefician tanto al trabajador (no agotan su derecho al paro) como a las empresas (no asumen la carga empresarial de la cotización), gracias a los cuales el trabajador no rompe su vinculación laboral con la empresa durante el actual parón de la actividad económica causado por la pandemia.

Todas ellas son medidas de fuerte impacto para las cuentas del país que el Ejecutivo adopta priorizando las necesidades sociales a las estrictamente económicas, como se espera de un Gobierno de izquierda, sin por ello renunciar al sistema capitalista ni a la economía de mercado, por mucho que la derecha lo acuse de actuar de manera radical y hasta revolucionaria.

Comparado con la actuación del anterior Gobierno conservador durante la pasada crisis financiera, que practicó recortes drásticos en el gasto social, redujo a su mínima expresión al Estado de Bienestar y solo ayudó con el rescate europeo al sector financiero (los bancos) con préstamos a fondo perdido, el actual Gobierno parece más preocupado por que las clases desfavorecidas no salgan perjudicadas por la emergencia sanitaria-económica.

Ello es motivo de cierta esperanza en que las cargas no golpeen otra vez a los débiles y desafortunados de la sociedad, haciéndolos más pobres aún. Sus medidas han sido oportunas, necesarias y sensibles socialmente, diametralmente opuestas a las que tomaría un Ejecutivo preocupado exclusivamente por el interés económico y mercantil.

Muchos de los que aplaudieron por las tardes a los que se enfrentaban “en primera línea” a la pandemia, exhibiendo así un agradecimiento público a la abnegada actitud profesional de los sanitarios y otros colectivos, más por entretenimiento que por verdadera empatía, fueron los mismos que apoyaron con su voto los recortes en la sanidad y en el resto de prestaciones sociales como si fueran gastos suntuarios.

La ideología que considera elefantiásico al Estado y pugna por “adelgazarlo” es la misma a la que se adscriben los que ahora se indignan de que el Gobierno no disponga de recursos materiales y humanos para afrontar la emergencia sanitaria con mayor diligencia y eficacia.

Los que ahora apoyan de manera cómoda y nada comprometida (con aplausos) a los funcionarios públicos por su entrega en condiciones de carestía son los que anteriormente defendieron la precariedad en sus condiciones y recursos.

Los que privatizaron hospitales se quejan de falta de camas de Cuidados Intensivos y los que externalizaron servicios, porque eran más rentables prestados por la iniciativa privada, se sorprenden de que las residencias de ancianos hayan sido focos de contagio que diezmaron miles de vidas de nuestros mayores, a los que no se les permitió acudir a los hospitales para no colapsar las escasas camas de UCI. Es la actitud cínica de los hipócritas que no son consecuentes con sus decisiones políticas.

Afortunadamente, por suerte más que por voluntad expresa, existen motivos para una cierta esperanza de que las cosas no sean tan insoportables para “los de siempre”, para los que dependen de los servicios públicos, y de que se protejan también las necesidades sociales tanto como las económicas.

Hasta la derecha política, que no social, reclama ahora la potenciación de la sanidad y las redes de auxilio público de la población (sumándose incluso a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital), aunque sea por mera estrategia electoral y con la boca pequeña.

Hay actualmente la oportunidad, simplemente coyuntural, de rediseñar y fortalecer la sanidad, la educación, las residencias de la tercera edad y demás servicios y prestaciones públicos en función de las necesidades de la población y no de su rentabilidad o sostenibilidad para las arcas del Estado, dejando de lado ese “darwinismo” social al que aspira el proyecto del neoliberalismo político-económico.

Entre otros motivos, porque se ha demostrado que sólo el Estado social, dotado con poderosas herramientas de justicia y bienestar, es capaz de afrontar con éxito retos como los planteados por una emergencia sanitaria de la magnitud de la que hemos vivido, aunque todavía no la hayamos superado definitivamente.

Por eso queda una tímida esperanza de que, con un poco de suerte, conscientes de la necesidad de una imprescindible solidaridad social, se pueda invertir la tendencia que hace hegemónica la economía y subsidiaria a la sociedad.

Y que las deficiencias de este modelo social, a la hora de “socializar” los costes cuando afronta crisis que son recurrentes, como la emergencia sanitaria o la pasada recesión económica, no afecten con mayor dureza a los estamentos más indefensos de la sociedad.

Ya que, por fortuna, quienes hacen posible que un Gobierno así pueda emprender tamaña transformación son los ciudadanos que, en su mayor parte, van a verse beneficiados de tales políticas: trabajadores, mujeres en general, amas de casa, jubilados y pensionistas, personas dependientes, jóvenes y niños. Y también, naturalmente, sus representantes políticos donde reside la soberanía popular a la hora de pactar y llegar a acuerdos que posibiliten disponer de leyes presupuestarias al efecto y del tiempo y estabilidad requeridos para ejecutarlos.

Si se contempla el futuro desde la perspectiva que ha proporcionado la experiencia sufrida, la conclusión inevitable es la de fortalecer el modelo social del Estado de Bienestar. Y para lograrlo sólo existe un camino: el de apoyar a los partidos que lo defienden y no a los que intentan debilitarlo en nombre de la economía y el mercado. Es decir, contar con un poco de suerte y una cierta esperanza en no malograr tales expectativas.

DANIEL GUERRERO
  • 22.6.20
Reza el proverbio que "quien siembra vientos recoge tempestades". Es lo que le está pasando a Donald Trump en la recta final de su mandato, durante el cual no ha dejado de provocar inestabilidad en cuantos asuntos ha metido mano. Y cuando más necesario le resulta presentar un balance tranquilizador, se desatan las tempestades que él mismo ha causado.



Por ello no es sorprendente, aunque sea hasta cierto punto inesperado, lo que está sucediendo en las últimas fechas en Estados Unidos de América. Son los brotes de las semillas que el propio Trump se encargó de esparcir desde que accedió a la Presidencia del país más poderoso del mundo. Un cargo que le está grande y que pone en evidencia su escasa capacidad para cumplir con aquella promesa de “hacer América grande otra vez”.

Porque, en vez de esa grandeza, lo que Trump está consiguiendo es que Estados Unidos sea azotado por las tempestades de la desigualdad, el racismo, la impotencia de proteger a su población ante emergencias sanitarias, la creciente espiral de desconfianza que genera un país que fue faro del mundo, el desprestigio ante sus socios, el desbarajuste en el derecho internacional, la manipulación política y social, el deterioro de la democracia frente a la demagogia del populismo sectario y la ruptura de los consensos en un mundo multilateral e interdependiente.

En ese ambiente enrarecido que ha caracterizado la era Trump, ha bastado la chispa provocada por la enésima víctima de la violencia racial policial, acaecida el 25 de mayo pasado en Minneapolis, donde un ciudadano afroamericano murió por asfixia cuando estaba siendo detenido, para que una avalancha de manifestaciones y protestas se extendiera por todo el país y prendiera las llamas del descontento en más de 30 ciudades norteamericanas, generando en algunos casos actos vandálicos.

Un conflicto al que un presidente visceral y bocazas quiso combatir, en un principio, mediante la fuerza y el autoritarismo, sintiéndose cuestionado y señalado por los manifestantes. Incapaz de contener sus constantes ofensas a través de las redes sociales, Trump no pudo evitar avivar las iras del descontento al glorificar la violencia mediante un tuit en el que aseguraba que “cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, tildando de “delincuentes” a los manifestantes.

No obstante, el mayor error que refleja su catadura moral y estatura política ha sido ordenar un despliegue impresionante de fuerzas de seguridad para contener unas concentraciones que llegaron ante las verjas de la Casa Blanca.

Más de 84.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron movilizados por Trump para apoyar a los cuerpos policiales de los Estados. Y hasta unidades de la 82º División Aerotransportada estuvieron acuartelados en Washington por si tenían que intervenir para “salvar” al presidente, atrincherado en un búnker de la mansión presidencial, ante un improbable asalto que la muchedumbre de “delincuentes” manifestantes pudiera emprender.

Tal utilización del Ejército para sofocar protestas y disturbios ha sido cuestionado hasta por el propio Pentágono, que se ha desmarcado de tales iniciativas presidenciales. El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley, y el secretario de Defensa, Mike Esper, así como el anterior exsecretario James Mattis, mostraron su desacuerdo con el despliegue del Ejército para dispersar a la población civil que se manifestaba pacíficamente.

A ellos se unieron las voces de los senadores Ben Sasse (Nebraska), Tim Scott, el único senador negro republicano, Lisa Murkovsky (Alaska), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Benny Thompson (presidente del Comité de Seguridad de la Patria), contra lo que consideran una actuación inconstitucional al reprimir las protestas con medios militares.

El caso es que este incendio antirracista que prendió en la sociedad norteamericana no fue sofocado como debiera por un presidente que se supone representa a todos los ciudadanos. Por el contrario, Donald Trump se ha pasado todo su mandato sembrando la cizaña del odio racial cada vez que tenía ocasión.

Es lo que hizo cuando “comprendió” las agresiones racistas acaecidas en Charlottesville, en las que un simpatizante supremacista de extrema derecha lanzó su coche contra una manifestación de activistas de izquierdas, causando la muerte de una mujer y otras 19 personas heridas de diversa gravedad.

Y es lo que hace ahora, cuando un policía de Minneapolis asfixió a George Floyd a la hora de detenerlo, lo que ha generado la actual avalancha de protestas que se ha extendido por todo el país y el resto del mundo.

O cuando un manifestante de 75 años fue empujado contundentemente por otro policía, en Buffalo, haciéndolo caer al suelo y golpearse violentamente la cabeza, dejando un reguero de sangre sobre la acera, sin que ninguno de los agentes lo socorriera.

 Y vuelve hacerlo cuando otro hombre afroamericano murió por disparos por la espalda de un policía, en Atlanta, tras resistirse a ser detenido por conducir ebrio y arrebatar, en el forcejeo, la pistola de descarga eléctrica del agente y huir corriendo. Ante tales hechos, que son reiterativos en la brutal y desproporcionada actuación policial, Donald Trump siempre interviene para expresar su apoyo y “comprensión” a una violencia que, en la mayoría de los casos, ejercen blancos contra negros.

Estos hechos no hacen más que evidenciar los nubarrones tormentosos que se ciernen sobre el futuro resplandeciente que parecía aguardar a Trump. Y está nervioso. Su brillo languidece cuando más falta hacía que deslumbrase a sus conciudadanos.

Sus mentiras, exageraciones, manipulaciones e insultos no parecen convencer ya a quienes una vez creyeron ver en él al líder que iba a convertir América grande otra vez. Y no hace más que equivocarse al pretender acallar todas estas muestras de descontento recurriendo a arrebatos de autoritarismo absurdo y soflamas incendiarias.

La razón de tanta preocupación es que, a escasos cinco meses de las elecciones, este rechazo popular podría hacerle perder las probabilidades de revalidar su cargo el próximo noviembre. Por ello actúa desnortado y desbordado por las circunstancias, puesto que ya no hay tiempo de maquillar su gestión para volver a engatusar a los votantes.

Porque no es sólo la actual racha de manifestaciones y algaradas por un racismo enquistado en la sociedad estadounidense que él ha contribuido a exacerbar con su exhibición como un presidente supremacista que “comprende” la violencia racista, sino también el rechazo que ocasiona su nefasta actitud frente a la pandemia del coronavirus.

Ni la trivialización con que asumió la emergencia sanitaria ni el triunfalismo que mostró sobre la capacidad de Estados Unidos para afrontarla, gracias a su potencia en recursos técnicos y humanos, han podido sustraer a Estados Unidos de ser el país que mayor número de contagiados y muertos suma en el mundo. Víctimas que en su mayor parte corresponden a la población negra y desfavorecida del país.

Tal deplorable actuación, cuya responsabilidad por las vidas humanas truncadas está pendiente, se ve agravada por el ridículo de un mandatario que no se recata a la hora de exhibir su peligrosa ignorancia mediante declaraciones y bravuconadas, como cuando recomendó ingerir lejía para tratar la infección o el uso de la cloroquina, que él afirmaba tomar regularmente, como medicamento para la prevención de la enfermedad. La Administración del Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (FDA) ha desautorizado el uso de ese fármaco por los riesgos que acarrea y por no estar demostrada su eficacia contra la covid-19.

Si a este panorama se añade la crisis económica que ha acompañado a la pandemia y que ha destrozado millones de puestos de trabajo en el país más rico del mundo, el desbarajuste comercial de su particular “guerra” con China y otras naciones, con las que ha roto acuerdos y tratados comerciales arduamente elaborados, la desconfianza en unas relaciones internacionales en las que actúa movido por su intuición empresarial y el interés particular y no por el consenso multilateral que se rige mediante procedimientos diplomáticos, junto a sus balandronadas bélicas (en Siria, Corea del Norte, Golfo Pérsico, Venezuela, Rusia y en cualquier lugar donde amenaza con el botón más poderoso y la bomba más terrorífica) sin apenas efectividad, se comprende que no resulte extraño que los nubarrones empañen la carrera triunfal que Donald Trump pensaba emprender para repetir mandato.

Él mismo se ha encargado no sólo de empañar su gestión con su incapacidad para gobernar con decoro y eficiencia su país, sino por su pertinaz contribución a incendiar América, como en los peores tiempos en los que imperaba el hampa, la segregación racial y la desigualdad social. Esas tempestades se ciernen hoy sobre un presidente que se resiste admitir su ocaso. Y lo que es peor, no acepta su fracaso.

DANIEL GUERRERO

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